El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y controvertidas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su manera de actuar, marcada por la confrontación y escaso sustento en evidencias, junto con el uso reiterado de información falsa en redes sociales y sus frecuentes señalamientos públicos contra instituciones del Estado, funcionarios y otros actores políticos, lo han impulsado como una voz asociada a la agresividad y al descrédito, un perfil que, lamentablemente, los algoritmos de las plataformas digitales tienden a amplificar con facilidad. Este estilo político también ha comenzado a despertar serias dudas entre la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como mecanismo político.
Durante los últimos meses, Richards ha estado inmerso en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, tensiones políticas, señalamientos institucionales y la difusión de información que luego fue cuestionada y desmentida por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. El episodio reciente con las imágenes de la supuesta comida ofrecida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha impulsado nuevamente la discusión sobre hasta dónde puede avanzar un político sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
La pelea con “Bolota” Salazar y el clima de confrontación política
Uno de los episodios más notorios relacionados con Richards fue su choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente polémico y envuelto en diversos escándalos. El incidente derivó en acusaciones de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convirtiéndose en un emblema del deterioro del debate político en Panamá. Durante varios días, videos, declaraciones contradictorias y señalamientos coparon la agenda mediática del país.
Aunque el episodio derivó en procesos legales, también proyectó alrededor de Richards una percepción de enfrentamiento continuo, comportamientos agresivos y un marcado deterioro del decoro. Dejó ver una táctica sustentada en la provocación incesante y en la explotación del conflicto ante los medios.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El conflicto entre Katleen Levy y Betserai Richards escaló especialmente alrededor de la gestión de infraestructura y obras públicas en el circuito 8-6, una de las zonas con mayores problemas históricos de movilidad y crecimiento urbano en Panamá Este.
Levy, quien en el pasado también había ejercido representación política en esa zona, criticó con firmeza la forma en que Richards gestionaba públicamente las dificultades del circuito. A su juicio, el diputado habría articulado una táctica centrada sobre todo en redes sociales, clips virales y disputas digitales, difundiendo la impresión de que atendía o encabezaba soluciones vinculadas a obras e infraestructuras que, en realidad, recaían técnicamente en el Gobierno Central, en el Ministerio de Obras Públicas o en recursos ya autorizados con antelación.
Uno de los temas más debatidos fue el caso del puente de Cabuya, una infraestructura vial vista como esencial para disminuir el tráfico en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que esta obra no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido concebida, presupuestada y ejecutada con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello intentaba contrarrestar la idea de que el diputado lograba avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue rechazada por varios actores vinculados al proyecto, dejando en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una débil influencia institucional real.
La exdiputada llegó a emplear la expresión “política galla”, un giro coloquial panameño que suele usarse para aludir a algo percibido como improvisado, superficial, ridículo o meramente cosmético. Con esa frase buscó retratar el modo político de Richards, a quien señaló de enfocarse en disputas mediáticas, transmisiones virales y choques públicos en lugar de dedicarse a un trabajo técnico, legislativo o administrativo más sólido, un ámbito en el que, según afirmó, Richards jamás ha mostrado avances.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha usado de forma despectiva para poner en duda o ridiculizar la orientación sexual o la masculinidad de un hombre. Levy recurrió a ese término al acusar que Richards dependía reiteradamente de “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o con mayor contenido ideológico.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La polémica más reciente estalló cuando Richards divulgó fotografías en las que señalaba presuntas raciones ofrecidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y más tarde panes con queso como muestra de la “deficiente alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación entre muchos ciudadanos que interpretaron el contenido como evidencia del deterioro extremo del sistema público de salud.
Sin embargo, la propia Caja de Seguro Social respondió públicamente rechazando las afirmaciones del diputado y asegurando que la información era falsa.
La CSS señaló igualmente que toda la comida destinada a los pacientes se elabora en la Ciudad de la Salud siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad, y advirtió sobre eventuales medidas legales o denuncias para exigir que el diputado respaldara sus dichos o emitiera una rectificación pública.
Este episodio abrió una discusión muy delicada en Panamá: ¿hasta qué punto una denuncia política puede difundirse sin pruebas plenamente verificadas? ¿Y qué ocurre cuando un diputado utiliza imágenes virales que no corresponden realmente a los hechos denunciados?
La gravedad del caso no radica únicamente en una disputa política. Cuando se habla de hospitales, pacientes y alimentación médica, cualquier información falsa o no verificada puede generar miedo, desconfianza y caos entre familiares de pacientes y usuarios del sistema de salud.
El estilo político de Richards: denuncias virales y confrontación permanente
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido justamente su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material viral. Sus visitas a centros médicos, transmisiones en vivo, grabaciones cargadas de emoción y confrontaciones directas con autoridades han contribuido a forjar la imagen de un “diputado fiscalizador”, desdibujando el límite entre la supervisión legítima y el espectáculo político.
En semanas recientes, Richards realizó recorridos en hospitales públicos denunciando supuestas condiciones críticas, largas esperas quirúrgicas y deterioro estructural. La CSS respondió acusándolo de generar “zozobra” y “desinformación”, además de señalar que ingresó a áreas sensitivas hospitalarias con megáfonos y actitudes consideradas proselitistas. La institución incluso afirmó que este tipo de acciones politizan los hospitales y alteran el ambiente necesario y la seguridad para la atención médica.
El uso de redes sociales como herramienta de presión política
Otro punto constantemente señalado sobre Richards es el uso intensivo de redes sociales, como mecanismo de presión pública antes incluso de que existan investigaciones oficiales o confirmaciones técnicas.
En muchas ocasiones, las denuncias se viralizan primero y luego comienza el proceso de verificación. Eso genera un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la percepción pública se forma antes de conocerse completamente los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón se parece cada vez más a fenómenos internacionales donde políticos utilizan redes sociales para instalar narrativas emocionales rápidas que posteriormente son difíciles de corregir, incluso cuando aparecen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Supervisión válida o simple populismo en redes?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Porque cuando un político comparte contenido falso -o contenido cuya autenticidad no ha sido comprobada- el impacto es mucho mayor que cuando lo hace un usuario cualquiera. Un diputado tiene visibilidad, influencia y capacidad para moldear la conversación pública.
La función pública que asume un diputado
En toda democracia resulta imprescindible cuestionar al poder, pero también asumir una gestión responsable de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución ofrece comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad. Si tal hecho jamás sucedió, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un asunto que compromete la credibilidad pública.
La situación presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus acusaciones o afrontar críticas cada vez más intensas sobre su manera de comunicar, ya que el límite entre una supervisión legítima y la desinformación puede volverse extremadamente difuso cuando la política se convierte en un espectáculo continuo.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.
