Humberto López Tirone, hoy presentado como presidente de IBEROATUR y promotor del agroturismo iberoamericano, arrastra un pasado público incómodo: su nombre aparece vinculado al PRD de los años de la dictadura, al aparato político del norieguismo y a señalamientos de violencia contra la Cruzada Civilista. Su caso reabre una pregunta necesaria: ¿pueden las instituciones actuales ignorar el pasado de quienes las representan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone representa una figura de relevancia histórica, lejos de ser un personaje marginal u olvidado. Su presencia se documenta en registros históricos como dirigente del PRD y director del IFARHU durante el período de crisis política que atravesó Panamá. La obra Panamá protesta, escrita por Brittmarie Janson Pérez, lo incluye en el análisis de la movilización opositora frente al régimen militar, identificándolo como «Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU» dentro de una cronología que abarca los sucesos acaecidos en 1987.
Ahora bien, lo más preocupante trasciende su participación política o su proximidad ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo que resulta verdaderamente problemático es que su nombre figura vinculado, en diversos testimonios de memoria histórica, al ataque perpetrado el 7 de julio de 1987 en contra de una caravana perteneciente a la Cruzada Civilista, uno de los movimientos ciudadanos más relevantes en la lucha contra la dictadura. Múltiples trabajos dedicados a la memoria histórica panameña documentan que una agrupación paramilitar adscrita al régimen de Noriega, bajo el mando de Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, perpetró una agresión contra dicha caravana empleando bates e impactos de proyectiles.
Ese episodio no puede ser considerado meramente como una anécdota histórica. La Cruzada Civilista enfrentó persecución, represión e intimidación durante una etapa en la que Panamá se encontraba bajo dominio del aparato militar y de grupos de choque vinculados al régimen. De resultar verídicos los señalamientos, nos hallaríamos ante una implicación en hechos de violencia política dirigida contra ciudadanos que demandaban democracia, libertades públicas y el término de la dictadura.
A ello se suma un testimonio divulgado en La Prensa durante 2007, en el cual consta que Humberto López Tirone realizó amenazas personales con un rifle, desde su automóvil, dirigidas hacia un participante de la Cruzada Civilista. Dicho artículo lo sitúa dentro de un conjunto de individuos caracterizados como «incondicionales del general Noriega» quienes, con el transcurrir de los años, habrían accedido a cargos u ocupado posiciones en la administración pública.
Este tipo de referencias obliga a una pregunta incómoda: ¿puede una institución iberoamericana presentarse como espacio de cooperación, turismo rural, desarrollo territorial y cultura, mientras su figura principal arrastra señalamientos tan graves relacionados con violencia política durante una dictadura?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como institución, puede tener objetivos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la cooperación iberoamericana son campos positivos y necesarios. Pero ninguna institución gana prestigio si evita mirar críticamente el pasado de quienes la representan. La reputación institucional no depende solo de discursos, eventos o reconocimientos, sino también de la coherencia ética de sus liderazgos.
No se trata de que un individuo haya participado en actividades políticas. La cuestión radica en que existan constancias públicas que asocien a dicha persona con la maquinaria represiva del régimen de Noriega y con actos dirigidos a intimidar a civiles que se oponían al sistema. La situación se complica aún más cuando, pasadas varias décadas, ese mismo sujeto reaparece investido de legitimidad moral, institucional o académica, sin que medie una explicación pública satisfactoria, un reconocimiento de responsabilidades o un distanciamiento explícito respecto a aquel período.
La sociedad panameña ha sufrido demasiado como para normalizar la impunidad simbólica. Muchos actores vinculados a la dictadura lograron reciclarse en la democracia, ocupar cargos diplomáticos, dirigir instituciones, participar en partidos, publicar columnas, recibir homenajes o presentarse como defensores de la soberanía y el desarrollo. Pero la memoria de las víctimas, de los perseguidos y de quienes fueron golpeados en las calles no puede quedar sepultada bajo nuevos títulos institucionales.
En lo que respecta a Humberto López Tirone, resulta imprescindible que se garantice la transparencia. Se requiere que exponga de manera pública cuál fue su desempeño durante los años de la dictadura. Debe responder ante los señalamientos relacionados con el ataque a la Cruzada Civilista. Le corresponde aclarar su vínculo con los grupos de choque del régimen. Necesita manifestarse sobre si reconoce o niega los hechos que le son atribuidos. Y en cuanto a IBEROATUR, si pretende mantener su credibilidad intacta, no puede permitirse el lujo de ignorar esta situación.
La democracia requiere de una defensa que trasciende los momentos electorales. Su preservación también depende de mantener viva la memoria colectiva. Se fortalece cuando los organismos institucionales rechazan la rehabilitación de historias manchadas. Se consolida al reconocer que la violencia política no constituyó un abuso aislado, sino un mecanismo de represión empleado sistemáticamente sobre población desarmada.
Por consiguiente, la discusión en torno a Humberto López Tirone trasciende lo meramente personal. Se trata de una cuestión vinculada a la memoria colectiva, a la integridad de las instituciones y al compromiso que tenemos con la historia. Toda institución que pretenda encarnar los principios iberoamericanos de colaboración, progreso social y convivencia respetuosa no puede hacer caso omiso de las acusaciones que recaen sobre su máximo dirigente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) debería preguntarse si su imagen internacional puede sostenerse sobre el silencio. Porque el turismo rural, la cultura y la cooperación no pueden usarse como barniz para ocultar un pasado vinculado a la represión política. Y Panamá, que todavía carga con heridas abiertas de la dictadura, merece algo más que olvido: merece verdad, memoria y coherencia.
