La integración del libro “El Golpe 28-J”, creado por el exmandatario de Honduras Manuel Zelaya Rosales, en el sistema educativo del sector público ha desencadenado un acalorado debate en Honduras acerca de la injerencia política en la enseñanza. Esta obra, que narra la perspectiva de Zelaya respecto al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, fue añadida en la Cátedra Morazánica, un curso de formación cívica, con el propósito oficial de conservar la memoria histórica y evitar la repetición de eventos similares. No obstante, la impresión y amplia distribución de 100.000 copias por la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha suscitado inquietud en diversos sectores sociales y educativos sobre una posible politización del plan de estudios.
La controversia crece al compararse con la situación en Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez se empleó como herramienta ideológica en las aulas durante la realización del proyecto bolivariano. En Honduras, ciertos detractores perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo semejante de adoctrinamiento político, mientras que las autoridades defienden que el libro es parte de un programa educativo sobre memoria histórica, destinado a fomentar un aprendizaje crítico y sustentado en hechos comprobables.
Contenido y controversia en torno a El Golpe 28-J
El Evento 28-J se presenta como un documento histórico que trata sobre el golpe de Estado de 2009, un acontecimiento reconocido a nivel internacional como una violación del orden constitucional, condenado por entidades multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. La obra resalta a Zelaya como víctima y mártir, mientras que sus detractores son vistos como representantes de intereses extranjeros. Esta interpretación ha sido criticada por grupos que piensan que el libro tiene un marcado sesgo ideológico y que su uso en el currículo podría comprometer la libertad académica y la imparcialidad educativa.
A pesar de que al principio se informó que el libro sería de uso obligatorio en todos los niveles educativos, la Secretaría de Educación luego especificó que no es un requisito indispensable y que se preservará la autonomía de enseñanza. Esta rectificación responde a las preocupaciones de maestros y padres que demandan una enseñanza sin sesgos políticos, enfocada en valores democráticos y en el desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, la directriz oficial publicada en el periódico La Gaceta y la producción masiva del libro mantienen el debate sobre el verdadero impacto de esta medida.
Respuestas sociales y potenciales efectos políticos
Los padres, profesores autónomos y miembros de colegios privados han expresado su oposición a la implantación de “El Golpe 28-J”, sosteniendo que la educación debe ser imparcial y que hacer obligatorio un texto con enfoque partidista podría ir en contra de la constitución. Se ha destacado que esta acción podría restringir la libertad académica y obligar a los educadores a transmitir una perspectiva distorsionada de la historia moderna.
Expertos en política proponen que la inclusión de este texto en el ámbito educativo podría ser parte de un plan para crear un entorno cultural y social propicio para transformaciones políticas de gran envergadura, como la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, semejante a lo que sucedió en Venezuela en 1999 después de la difusión del Libro Azul. Esta lectura se fundamenta en la noción de que dominar el relato histórico y moldear las ideas de las futuras generaciones son movimientos iniciales para afianzar proyectos políticos sostenibles en el tiempo.
El gobierno, por su parte, defiende la inclusión de “El Golpe 28-J” como un ejercicio de responsabilidad histórica y un compromiso con la verdad, enfatizando la necesidad de que los jóvenes conozcan los hechos del golpe y sus consecuencias. Según esta perspectiva, educar sobre el pasado no debe interpretarse como revancha, sino como un mecanismo para evitar la repetición de episodios similares.
De esta manera, la inclusión de “El Golpe 28-J” en el programa educativo hondureño demuestra una clara división social y política respecto al papel de la enseñanza en la formación de los ciudadanos y la preservación de la memoria histórica. La discrepancia entre la autonomía docente y la difusión de una versión oficial ilustra los retos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y el desarrollo democrático.
