El asunto de Koriun Inversiones ha provocado un acalorado debate en Honduras, tras darse a conocer un esquema Ponzi que impactó a más de 35.000 personas. La acusación del diputado Edgardo «Chele» Castro ha colocado en el foco del debate la potencial cobertura política y judicial que facilitó las operaciones anómalas de la compañía.
La acción de los organismos reguladores, la captura de recursos y la respuesta de los inversionistas han puesto de manifiesto una pérdida de confianza en el sistema financiero del país. La investigación sigue su curso, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la eficacia de las herramientas de supervisión.
Operación fraudulenta tipo Ponzi y actividad anómala de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones operaba bajo un esquema Ponzi, modalidad que consiste en captar fondos de nuevos inversionistas para pagar utilidades a los antiguos, sin generar ganancias legítimas. La empresa prometía una rentabilidad semanal del 5 %, equivalente a un 20 % mensual, asegurando a los clientes la recuperación de su inversión en un periodo de cinco meses. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema dependía del ingreso constante de nuevos participantes, lo que finalmente llevó al colapso y a pérdidas económicas significativas para miles de personas.
La CNBS anunció que Koriun Inversiones no tenía permiso para funcionar como una entidad financiera. En las visitas a diversas oficinas y residencias de los dirigentes, se descubrieron enormes cantidades de dinero en efectivo, guardadas informalmente en cajas y bolsas. También se detectaron importantes transacciones, como el retiro de 400 mil dólares realizado por ciudadanos estadounidenses vinculados al comienzo de la estafa en 2017.
Denuncias de protección política y crisis de confianza
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones fue viable debido al respaldo de personalidades políticas, fiscales y empleados gubernamentales. Castro criticó la ausencia de respuesta rápida de las entidades supervisoras y demandó una indagación profunda para establecer quiénes facilitaron o consintieron el engaño. Asimismo, se mencionó la intervención de alcaldes que promovieron la compañía y la pasividad de fiscales frente a advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones por parte de los afectados, quienes demandaron la restitución de sus fondos y expresaron su preocupación por la posible pérdida de su capital. La CNBS ordenó asegurar los recursos y devolverlos a los inversionistas en la medida de lo posible, aunque se espera que el proceso sea complicado y extenso. Este caso ha revelado la fragilidad de los ciudadanos ante esquemas financieros sin regulación y la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.
