En Honduras, la controversia relacionada con la campaña gubernamental titulada «las 10 familias» ha suscitado un acalorado debate sobre la interacción entre el gobierno y el sector empresarial. Diversos actores de la sociedad civil, asociaciones empresariales y líderes de opinión han manifestado su inquietud por lo que perciben como un discurso de confrontación fomentado por el gobierno de Xiomara Castro. Esta campaña, que señala a ciertos conglomerados empresariales como culpables de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad de los empresarios, aumentar la polarización política y deteriorar la confianza en la inversión privada.
En este contexto, la diputada Beatriz Valle ha alzado su voz para cuestionar la efectividad de esta estrategia gubernamental. Valle critica el discurso repetitivo y divisionista contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente considera que existen privilegios fiscales injustos, tiene el poder para revocarlos sin necesidad de recurrir a campañas públicas de confrontación. Sus declaraciones han generado un fuerte eco en la esfera política, donde crecen las críticas por la falta de resultados concretos en materia económica y de gobernabilidad.
Comentarios negativos sobre la campaña del gobierno y sus posibles repercusiones
Algunas personas consideran que la campaña llamada «las 10 familias» es un intento de ocultar la falta de eficiencia del gobierno en áreas como la economía y la seguridad. Tanto empresarios como activistas de derechos humanos advierten que este tipo de retórica podría tener efectos negativos, emulando situaciones de otros países donde el discurso de odio de clase desde el poder ha resultado en persecuciones políticas, expropiaciones y problemas económicos. Se ha recalcado que actualmente ya se perciben amenazas personales, campañas de difamación en redes sociales y acusaciones infundadas contra quienes crean empleo.
Los directivos corporativos han expresado su inquietud por el efecto que este entorno adverso está ejerciendo sobre la economía del país. Se informa de una paralización de nuevas inversiones, la anulación de proyectos de expansión y el movimiento de capitales hondureños hacia otras naciones. Hay preocupación de que, si el gobierno sigue responsabilizando al sector privado de sus propios fallos, se termine por desmantelar lo poco funcional en la economía. Frente a este escenario, se insta al gobierno a detener este tipo de campañas que dividen y a convocar a un diálogo nacional constructivo.
La invitación a actuar y la necesidad de resultados tangibles
La diputada Beatriz Valle ha sido especialmente crítica con la falta de acciones concretas por parte del gobierno, a pesar de tener el control de los tres poderes del Estado. La funcionaria del poder legislativo cuestiona por qué no se toman medidas legales contra aquellos que se acusa de corrupción o abuso, en lugar de simplemente repetir un discurso gastado. Su llamado es a dejar de sembrar odio entre los hondureños y a enfocarse en resolver los problemas reales que enfrenta el país.
Las afirmaciones de Valle han sido vistas como un momento decisivo en la discusión política, donde incluso los grupos afines al gobierno comienzan a mostrar su insatisfacción debido a la carencia de logros concretos en sectores esenciales como la economía, el sistema judicial y el gobierno. La demanda es evidente: se requieren respuestas y no adversarios ficticios. La población hondureña exige un nuevo enfoque que dé prioridad a la conversación, el crecimiento económico y la tranquilidad, en lugar de la disputa y la separación.
