En Honduras, el asunto de Koriun Inversiones ha generado una gran inquietud entre la población debido a la falta de respuestas concretas y medidas firmes por parte del Estado. Más de tres meses después de descubrirse el gigantesco fraude financiero, miles de perjudicados siguen sin recuperar su dinero y sin que los responsables enfrenten a la justicia. La falta de progresos claros en las pesquisas, sumada al silencio del Ministerio Público y la falta de acción del gobierno, ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que la justicia se aplique correctamente.
Al mismo tiempo, especialistas en leyes y personas influyentes han manifestado su oposición a la propuesta de que el gobierno emplee fondos estatales para compensar a las víctimas de este engaño privado. Se señala que este acto podría ser contrario a la ley y la constitución, además de implicar riesgos fiscales y políticos importantes. En este sentido, la demanda social se enfoca en que el proceso permanezca en la esfera judicial, con transparencia y sin que se transforme en una medida populista que ponga en riesgo la legalidad y la gestión responsable de los recursos públicos.
El debate en torno a la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
La estructura de inversión engañosa de Koriun Inversiones funcionó durante años ofreciendo ganancias mensuales del 20 %, sin ningún tipo de control oficial ni supervisión. A pesar de la confiscación de más de 358 millones de lempiras por el Ministerio Público, las investigaciones no han progresado hacia el enjuiciamiento de los cabecillas del fraude ni se ha clarificado el destino de los bienes retenidos. Esta situación ha provocado un aumento de la indignación entre las familias perjudicadas, que han perdido ahorros, créditos e incluso propiedades, exigiendo justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
La inacción y el aparente desinterés del Gobierno y de la Fiscalía han incrementado la percepción de que hay un entramado de protección política que obstaculiza el total esclarecimiento del caso. Diferentes voces del ámbito social y jurídico han destacado que la ausencia de detenidos y la falta de transparencia en el manejo de los bienes confiscados reflejan una desidia gubernamental que podría estar beneficiando la impunidad. La presión de la ciudadanía se mantiene constante para exigir acciones rápidas y sin preferencias políticas, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales apropiadas.
Consecuencias jurídicas y económicas de potenciales indemnizaciones con recursos estatales
Especialistas legales y financieros han señalado que el empleo de dinero estatal para resarcir a quienes sufrieron daños por Koriun podría ser un acto de desvío indebido de fondos públicos, especialmente en ausencia de un marco normativo ratificado por el Congreso que lo autorice. Autoridades que aprueben desembolsos sin el sustento legal necesario podrían enfrentar cargos penales por abuso de poder y negligencia en sus funciones. Asimismo, esta obligación podría desestabilizar el presupuesto gubernamental, impactando sectores clave como la salud y la educación, y enviar una señal que podría alentar la tolerancia hacia futuros engaños financieros.
Grupos civiles han pedido al Estado que explique de manera abierta de dónde provienen los fundamentos legales y económicos de cualquier posible indemnización, que se haga pública la verdadera evolución del caso y la lista de culpables junto con sus propiedades confiscadas. Se destaca la importancia de que el procedimiento siga en el marco judicial, previniendo que se transforme en una acción con objetivos políticos o populares. La demanda central es que el Gobierno no tome la carga económica de un engaño privado para no ser cómplice ni infractor de la ley.
