En Honduras, un grupo de diputadas pertenecientes a diversos partidos políticos ha manifestado de manera pública una serie de abusos, agresiones verbales y violencia política por razones de género dentro del Congreso Nacional. Estas manifestaciones revelan un entorno adverso donde las legisladoras enfrentan intimidaciones y menosprecios debido a su condición de mujeres, especialmente cuando expresan opiniones críticas o intervienen en debates legislativos. Estas situaciones han impulsado un debate sobre el respeto y la igualdad en los espacios de poder, evidenciando la persistencia de actitudes misóginas y lenguaje violento en el parlamento.
Los reportes también indican que estos comportamientos han aumentado en el contexto de debates controvertidos, como los vinculados a la Ley de Justicia Fiscal y la reforma del Poder Judicial. A pesar de la seriedad de estas circunstancias, las autoridades del Congreso no han impuesto sanciones disciplinarias a los culpables, lo que favorece la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las legisladoras han demandado acciones específicas para asegurar su seguridad y el respeto a su trabajo legislativo.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia de género en la política
Las diputadas han denunciado que dentro del Congreso Nacional se reproducen conductas que van desde agresiones verbales hasta intentos de agresión física, lo que refleja un patrón de violencia política de género. Este fenómeno afecta la participación plena y efectiva de las mujeres en el proceso legislativo, generando un ambiente de intimidación y exclusión.
La violencia política contra las mujeres se hace evidente en periodos de intenso debate, cuando las diputadas adoptan posturas contrarias al gobierno. Esta problemática no solo atenta contra los derechos de las mujeres en el parlamento, sino que también amenaza la calidad de la democracia, al restringir la variedad de perspectivas y opiniones en la toma de decisiones. La falta de mecanismos específicos en el Congreso para abordar estos casos favorece la continuidad de esta situación.
Apoyo social e institucional y peticiones de las legisladoras
Diversos sectores de la sociedad civil, junto con organismos internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han expresado su apoyo a las diputadas afectadas y han solicitado al Estado hondureño garantizar condiciones de igualdad y seguridad para todas las legisladoras. Estas organizaciones han subrayado la necesidad de implementar sanciones disciplinarias inmediatas contra quienes cometen actos de violencia política, así como la creación de protocolos específicos para prevenir y atender estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que persistirán en su esfuerzo por recibir atención y ser tratadas con dignidad, subrayando que su papel es defender a la población y no ser víctimas de hostigamiento o abuso. Entre sus peticiones se incluye la implementación de procedimientos definidos para salvaguardar su seguridad, el reconocimiento absoluto a su tarea legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas medidas se consideran esenciales para robustecer la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en el ámbito político de Honduras.
