En Honduras, el estado de excepción ha generado mucha polémica en los meses recientes. La legisladora Maribel Espinoza, quien pertenece a la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección que ha adoptado la ejecución de esta norma, que en un inicio se planteó para luchar contra el crimen. Según sus palabras, el régimen se está usando de tal manera que cuestiona las garantías constitucionales y podría actuar como herramienta de persecución contra grupos críticos del gobierno.
Espinoza denunció que ciertas actuaciones ejecutadas al amparo del estado de excepción vulneran derechos ciudadanos. Como ejemplo, citó el allanamiento sin orden judicial a la residencia del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, un hecho que, según señaló, pone en evidencia el uso discrecional del poder y la falta de controles institucionales. Para la legisladora, este tipo de acciones podría convertirse en una peligrosa normalización de prácticas autoritarias si no se delimitan los alcances del decreto vigente.
Comentarios negativos sobre el Ministerio Público y riesgos legales
La legisladora criticó igualmente el desempeño del Ministerio Público, pues considera que no está asegurando imparcialidad ni respeto al debido proceso al implementar las medidas excepcionales. Desde su perspectiva, esto produce un clima de incertidumbre jurídica que impacta no solo a personas prominentes, sino a cualquier persona que pueda enfrentarse a decisiones arbitrarias.
En este contexto, Espinoza pidió al Congreso Nacional que examinara cuidadosamente si es conveniente continuar con el estado de excepción, usando como único criterio las responsabilidades para las cuales fueron elegidos por el voto popular, no sus orientaciones políticas. Señaló que extender esta medida podría responder a objetivos políticos que pretenden fortalecer el control del gobierno a través de la restricción de libertades civiles. Además, destacó que la seguridad pública no debe servir de pretexto para erosionar el Estado de derecho ni para limitar la participación democrática.
Reacciones en el Congreso Nacional y debate sobre la continuidad
Las críticas de Espinoza se suman a voces de diversos sectores que exigen mayor transparencia en la aplicación de esta medida. Aunque fue concebida como respuesta a la violencia, crece la percepción de que se está utilizando para silenciar a la disidencia. El debate sobre su continuidad sigue abierto en el Congreso y en la sociedad civil, donde se demanda un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales.
