La reciente propuesta de ley en Honduras impulsada por legisladores del Partido LIBRE ha causado gran controversia en el panorama político y económico del país. Estos congresistas han intentado implementar rápidamente y sin acuerdo la Ley de Justicia Tributaria, una medida que ha sido centro de disputas debido a sus posibles impactos en la inversión y el trabajo. La estrategia intentó aprovechar la ausencia parcial de diputados opositores para forzar su aprobación en el último debate; sin embargo, la falta de quórum y la respuesta de los contradictorios impidieron que esta acción se llevara a cabo.
Antecedentes y respuestas sobre la Ley de Equidad Fiscal
El intento de aprobación exprés de la Ley de Justicia Tributaria por parte de los diputados oficialistas del Partido LIBRE fue percibido como una maniobra para imponer una agenda fiscal sin el consenso necesario. La estrategia consistía en aprovechar un momento de ausencia parcial de la oposición en el hemiciclo para aprobar la ley en su tercer y último debate. Sin embargo, esta acción no se pudo concretar debido a la falta de quórum y a la rápida respuesta de los diputados opositores que impidieron la votación. Este hecho ha evidenciado la división política en el Congreso hondureño y la resistencia de la oposición a una ley que consideran perjudicial para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no surge únicamente del entorno político, sino también de sectores empresariales y sindicales. Empresarios y representantes de asociaciones productivas han manifestado su inquietud por las repercusiones que esta legislación podría tener, indicando que podría disuadir la inversión tanto nacional como internacional, lo que a su vez podría causar el cierre de miles de empresas y un incremento en las tasas de desempleo. Además, se advierte sobre la posibilidad de que esta normativa favorezca la concentración del poder económico en manos del Estado, lo que ocasionaría un efecto significativo en la dinámica económica del país.
Participación cívica y futuros escenarios
La respuesta de la sociedad ante el intento infructuoso de sancionar la Ley de Justicia Tributaria ha sido rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, una discusión pública extensa y el cumplimiento de los procedimientos legislativos vigentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la imposición de una normativa que consideran perjudicial para millones de personas, resaltando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su sanción.
En cuanto a los pasos siguientes, la oposición ha anunciado que continuará ejerciendo presión para evitar cualquier intento de aprobación que no cumpla con los procedimientos legales y democráticos. Por su parte, el Partido LIBRE busca reconfigurar sus alianzas para intentar nuevamente la aprobación de la ley. Así, la disputa por la Ley de Justicia Tributaria sigue abierta, reflejando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la importancia de encontrar consensos que consideren las diversas voces del país.
