La reciente aprobación de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en diversos sectores sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como una transformación significativa en el marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un escenario donde se avecinan las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. La discusión se ha incrementado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían ser empleadas para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.
El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en el derecho penal y su efecto en las manifestaciones sociales
Las modificaciones al Código Penal han suscitado críticas de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento de las penalidades para aquellos involucrados en manifestaciones colectivas ha sido percibido como un potencial método para desalentar la movilización social. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas normativas podrían utilizarse para restringir la participación social y el uso de derechos esenciales. La alarma se intensifica considerando la posibilidad de que estas normativas se usen en escenarios de tensión política o electoral, donde las protestas ciudadanas suelen incrementarse.
La experiencia de las elecciones de 2017, en las que se reportaron detenciones arbitrarias y represión de manifestantes, refuerza el temor de que situaciones similares puedan repetirse bajo el nuevo marco legal. En este contexto, la sociedad civil y actores políticos han advertido sobre el riesgo de que la criminalización de la protesta se convierta en una herramienta para controlar la disidencia y restringir la participación ciudadana en procesos políticos clave.
Respuestas globales y demandas de reconsideración
La inquietud sobre el efecto de estas reformas ha cruzado las fronteras del país. Entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las recientes modificaciones del Código Penal en Honduras. Ambas organizaciones han llamado al Estado para que revise las reformas a fin de garantizar que no se violen los derechos básicos de la población.
En este contexto, se resalta la relevancia de asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que el derecho penal se use como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. El diálogo sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras diferentes sectores insisten en la revisión del marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.
