En Honduras, la cercanía de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes respecto a la credibilidad del proceso electoral. Se han destacado dos áreas de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente sospecha hacia el papel de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Se indica que podría haberse iniciado el proceso por parte del Ministerio Público para formular cargos formales contra consejeras del CNE, lo que ha causado preocupación en distintos grupos políticos y en organizaciones que promueven la democracia. Se argumenta que este procedimiento legal puede tener un trasfondo político, enfocándose en consejeras que han tomado posturas críticas o independientes al gobierno. La eventual judicialización de las consejeras del CNE ocurre en un periodo crítico, cuando es esencial que el organismo electoral asegure la organización justa de las elecciones, la legitimidad de los resultados y la confianza de tanto los partidos políticos como del público.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de medidas podrían socavar la autonomía institucional y minar la confianza de la ciudadanía en los procedimientos electorales. Los grupos opositores y la sociedad civil han manifestado su inquietud, solicitando investigaciones fundamentadas en evidencias sólidas y no motivadas por venganzas políticas. Ha habido peticiones a la comunidad internacional para que se manifieste ante posibles intentos de manipulación del CNE y vigile el comportamiento del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha aumentado la desconfianza del público y políticos en cuanto al papel de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático. Dirigentes de partidos de oposición, instituciones de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud ante despedidos y jubilaciones cuestionables en el cuerpo militar, la cercanía ideológica y táctica entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de personal militar en asuntos civiles y elecciones, y la ausencia de claridad en la organización del despliegue militar durante los procesos electorales.
Miedo a la militarización y exhortos a mantener la vigilancia
En las primarias de marzo, se informaron problemas como demora en el envío de papeletas y una presencia militar poco común en algunos centros de votación, lo que ha incrementado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Existe preocupación de que el Ejército, influenciado por líderes del gobierno, pueda ser utilizado como medio para posibilitar un fraude o suprimir manifestaciones ciudadanas.
El aumento de la desconfianza ha provocado llamados urgentes a entidades internacionales para que envíen misiones de monitoreo y requieran garantías de imparcialidad militar y claridad en las operaciones. Colectivos ciudadanos han empezado a formar redes de supervisión social para registrar posibles abusos o anomalías. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las instituciones y la supervisión por parte de la ciudadanía.
