A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.
Los dirigentes de estos grupos resaltan un aumento en el descontento ciudadano hacia LIBRE, el deterioro de su imagen pública y la falta de popularidad de su candidata, Rixi Moncada. Además, han reportado tácticas que insinúan un posible fraude, como el control parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación en el conteo de votos de las elecciones primarias de marzo, la depuración selectiva de las Fuerzas Armadas y las presiones a medios críticos. También se menciona el empleo de extensas campañas de propaganda estatal y el uso de subsidios y recursos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Denuncias de estafa y preocupaciones de los opositores
Las alegaciones de la oposición abarcan señales de alteración de los resultados de las elecciones, uso de la justicia para intimidar a opositores y miembros del CNE, presencia militar en el proceso y limitaciones a la prensa libre junto con una censura digital amplia antes de los comicios. Además, existe el miedo de que se proclame un estado de emergencia anticipadamente si ocurren manifestaciones ciudadanas, sumado a la inquietud de que el poder gubernamental trate de invalidar los resultados, anule mesas de votación clave o detenga la elección bajo pretextos de mantener el orden público o proteger la seguridad nacional.
Reclamaciones sobre garantías y monitoreo global
Ante este escenario, los partidos de oposición han solicitado la presencia activa y anticipada de observadores de la OEA, la UE y otros organismos multilaterales, una auditoría externa del sistema informático electoral y compromisos públicos del CNE para garantizar transparencia, equidad y rendición de cuentas. También han llamado a la movilización ciudadana pacífica para defender el voto y vigilar el proceso desde las bases.
El informe de un posible engaño ha incrementado la tensión política y amenazado la estabilidad democrática del país. La población mira con desconfianza un proceso en el que el órgano electoral es considerado parcial, y donde el gobierno se muestra más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad del pueblo. Hay inquietud de que Honduras enfrente una crisis después de las elecciones, con repercusiones para la gobernabilidad, la economía y la armonía social.
