La ONU ha solicitado con urgencia al Gobierno de Honduras que elimine el estado de excepción actual antes de las elecciones generales planeadas para el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con el organismo global, extender esta medida extraordinaria supone un peligro directo para el ejercicio de derechos fundamentales, restringiendo libertades vitales como el libre tránsito, la reunión y las protestas pacíficas. La ONU señala que sostener un estado de excepción sin la supervisión adecuada podría impactar negativamente la credibilidad del proceso electoral y el entorno democrático de la nación.
En su declaración, la institución enfatiza que las elecciones deben realizarse en un ambiente sin intimidación ni restricciones injustificadas. La prolongación del estado de emergencia podría provocar un ambiente de temor incompatible con un proceso electoral transparente y equitativo, además de incrementar el riesgo de abuso de poder y restringir la movilización de actores políticos y sociales. Por tanto, se hace un llamado al pleno restablecimiento de las garantías constitucionales para asegurar condiciones de participación justas.
Riesgos asociados al estado de excepción en el contexto electoral
Varias oficinas de derechos humanos asociadas a las Naciones Unidas han indicado que el mantenimiento del estado de emergencia en Honduras aumenta el peligro de prácticas autoritarias y repercute directamente en la participación política de grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil. La restricción de derechos como la manifestación y la reunión pone en riesgo el avance democrático, sobre todo en un ambiente electoral.
La representante en derechos civiles y políticos ha enfatizado que la convivencia entre democracia y represión es insostenible. La prolongación del estado de excepción podría debilitar la legitimidad del proceso y erosionar la confianza del pueblo en las instituciones responsables de asegurar elecciones libres.
Exhortación para asegurar un proceso de elecciones claro y justo
Ante esta situación, la ONU ha pedido a los líderes de Honduras que reestablezcan en su totalidad los derechos constitucionales que fueron revocados y aseguren la libertad de prensa, de expresión pública y de agrupación ciudadana durante el periodo electoral. También ha destacado la relevancia de reforzar el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) como una entidad autónoma y permitir la supervisión tanto nacional como internacional sin limitaciones para garantizar la transparencia y la validez del proceso.
La entidad global determina que avanzar hacia elecciones legales no es factible bajo un estado de excepción. Para salvaguardar la integridad democrática de la nación, es esencial eliminar esta medida extraordinaria y fomentar una participación ciudadana activa, en igualdad de condiciones y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
