La reciente afirmación de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, ha generado preocupación en la nación. Redondo mencionó que la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser aprobada en cualquier momento, incluso en sesiones fuera del horario regular, lo que ha causado inquietud entre varios sectores. Esta posibilidad ha sido vista como un intento de llevar adelante la reforma sin el debate ni el consenso requeridos, lo cual ha intensificado la preocupación en la oposición política, en los gremios empresariales y en organizaciones de la sociedad civil.
La respuesta fue inmediata. Dirigentes empresariales, legisladores opositores y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por lo que perciben como un intento de implementar una reforma tributaria de amplio alcance nacional sin diálogo ni claridad. La alerta sobre la posible sanción de la ley en momentos inusuales ha sido interpretada como una táctica para impedir la movilización ciudadana y la crítica mediática, incrementando así la tensión en el entorno político y social de Honduras.
Inquietudes respecto al trámite legislativo
El aviso de que la Ley de Justicia Tributaria podría ser sancionada durante una sesión legislativa extraordinaria ha sido percibido por grupos opositores y productivos como un indicativo de falta de transparencia y de diálogo democrático. Estos grupos han manifestado que el partido gobernante pretende eludir el debate público y el consenso, algo que consideran dañino para la democracia y la claridad. La posibilidad de que la ley se ratifique sin el proceso adecuado ha sido vista como un peligro para la economía y los derechos ciudadanos, provocando un llamado a la vigilancia y a la movilización social.
Los opositores en el Congreso y miembros del sector privado han manifestado que una transformación de tal envergadura no debería sancionarse sin un estudio detallado y sin la inclusión de todos los interesados. Opinan que la ausencia de discusión podría generar resultados adversos para el país, sobre todo si se utilizan métodos legislativos inusuales para eludir el escrutinio público.
Consecuencias económicas y sociales de la modificación
La Ley de Justicia Tributaria ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, que advierten sobre sus posibles efectos negativos. Entre las principales preocupaciones se encuentra la eliminación de exoneraciones consideradas clave para atraer inversión, lo que, según los críticos, podría afectar a empresas productivas y al sector agroindustrial. Además, se señala que la reforma pondría en riesgo miles de empleos, encarecería el costo de vida y podría provocar el cierre de negocios.
Frente a esta situación, entidades empresariales y organizaciones de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con el propósito de evitar la aprobación de la ley sin un proceso democrático adecuado. La inquietud principal es que una reforma de gran repercusión nacional no debe ser una «sorpresa en la noche», sino un camino claro y colaborativo, donde se valoren todas las opiniones y se examinen detenidamente las posibles implicaciones para la economía y la población de Honduras.
