El estado de excepción en Honduras, implementado desde diciembre de 2022, continúa generando controversia debido a su prolongación y a las preocupaciones sobre posibles abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Esta medida fue decretada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, especialmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La aplicación del estado de excepción ha implicado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo detenciones sin orden judicial y restricciones a la libertad de circulación en diversas zonas del país.
Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido extendido repetidamente. En enero de 2025, la duración de la medida se amplió por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. Si bien las autoridades sostienen que esta herramienta es crucial para combatir el crimen, varios sectores han manifestado su inquietud por potenciales abusos y la ausencia de resultados claros.
Análisis sobre la eficiencia y los derechos humanos durante el estado de emergencia
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han destacado que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno hondureño a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones injustificadas a las libertades básicas. El gobierno ha informado una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la aplicación del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia siguen afectando a la ciudadanía. Asimismo, se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta acción ha provocado una discusión sobre su eficacia y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno argumenta que el estado de emergencia es un recurso esencial para luchar contra la delincuencia, entidades nacionales e internacionales llaman a reevaluar su uso y asegurar que las estrategias de seguridad no pongan en riesgo las libertades esenciales de las personas.
De esta manera, la implementación del estado de excepción en Honduras es una acción discutida que intenta combatir la violencia delictiva, pero ha suscitado un debate sobre su eficacia, legalidad y respeto a los derechos humanos. La extensión de esta medida extraordinaria presenta obstáculos para asegurar las libertades básicas y fortalecer un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.
