La situación política reciente en Honduras ha estado influenciada por acciones ciudadanas en apoyo a la diversidad democrática y la participación política. En Tegucigalpa, muchas personas, incluidas aquellas de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de universidad, dirigentes comunitarios y ciudadanos sin afiliación específica, se reunieron frente al Congreso Nacional para una vigilia tranquila. Esta protesta tuvo como objetivo central pedir el pleno respeto y protección para los partidos políticos más pequeños durante el proceso electoral que concluirá con las elecciones generales en noviembre de 2025. Durante la vigilia, los participantes usaron velas y letreros, simbolizando su preocupación ante lo que consideran una amenaza al sistema multipartidista, en un contexto de acusaciones de presiones, dificultades administrativas y exclusión mediática hacia los partidos nuevos.
La manifestación sirvió también como plataforma para criticar acciones que, según los participantes, restringen la participación justa en las discusiones públicas, establecen barreras injustificadas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desvalorizan a los grupos no convencionales. Además, mencionaron el uso de fondos públicos para favorecer a los partidos en el poder. Durante el evento, se entregó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando condiciones equitativas, transparencia en el acceso a medios estatales y protección contra el hostigamiento político a candidatos independientes o de minorías.
Contexto del proceso electoral y denuncias de exclusión
El proceso electoral hondureño de 2025 se desarrolla en un ambiente de alta tensión y polarización. Las recientes elecciones primarias, celebradas el 9 de marzo, involucraron a los tres partidos mayoritarios: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal. Estas elecciones estuvieron marcadas por retrasos significativos en la entrega de material electoral, principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que generó descontento y denuncias de irregularidades por parte de votantes y líderes políticos. El CNE reconoció dificultades logísticas, mientras que sectores de la oposición atribuyeron los incidentes a una supuesta manipulación por parte de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, quien también figura como precandidata presidencial.
En este contexto, los partidos emergentes han denunciado propuestas legislativas que buscan adelantar la fecha límite para la presentación de planillas, lo que consideran una medida que restringe sus posibilidades de participación y consolida la exclusión política. Estas acciones se suman a reclamos por el uso desigual de recursos públicos y la falta de acceso equitativo a los medios de comunicación estatales. La preocupación de la sociedad civil y de los partidos minoritarios se centra en la necesidad de preservar la pluralidad política y evitar que las prácticas restrictivas se consoliden de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Reacciones institucionales y demandas ciudadanas
La vigilia frente al Congreso Nacional puso de manifiesto la vigilancia activa de la sociedad civil sobre el proceso democrático. Los asistentes entregaron formalmente sus demandas a las autoridades electorales, solicitando que se garantice la igualdad de condiciones para todos los partidos inscritos y que se asegure la transparencia en la asignación de espacios en los medios públicos. Además, exigieron protección efectiva contra el acoso político, especialmente para candidatos independientes o de partidos minoritarios.
El mandato parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, que comenzó después de las elecciones de 2021, ha estado caracterizado por la polarización y momentos de crisis interna, como la disputa en la selección de la junta directiva y la división de las bancadas. Este escenario ha aumentado la percepción de que existen prácticas que benefician a los partidos convencionales, dificultando la inclusión de nuevos grupos políticos. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, enfatizando que la diversidad es un componente fundamental para la democracia en Honduras.
