La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte del legado del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como una pieza fundamental de su plataforma gubernamental, la propuesta no se materializó y no se implementará durante el actual mandato, que finaliza en enero de 2026. Con esta desistimiento implícito del proyecto, el Gobierno cierra un capítulo que había despertado expectativas importantes entre la población sobre el combate a la corrupción.
La ruta hacia la implementación de la CICIH se caracterizó por retrasos continuos, extensiones sin éxito y diálogos paralizados con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del fallo, manifestado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, indica una mezcla de motivos que, conforme a su opinión, abarcan tanto barreras legislativas como factores globales. Sin embargo, para diversos grupos sociales, esta justificación no es satisfactoria.
La promesa rota que debilitó la confianza
Voces asociadas a la sociedad civil y al ámbito global concuerdan en que la mayor responsabilidad es de la administración actual. Según expertos y observadores del proceso, el problema no fue la falta de factores externos, sino la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para cumplir con los compromisos asumidos.
Desde esta perspectiva, la no implementación de la CICIH no es un accidente ni un resultado inevitable, sino una decisión. Así lo expresó Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, quien cuestionó directamente al Gobierno por abandonar una promesa que generó amplias expectativas. A estas críticas se sumó Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue enfática al acusar al oficialismo de haber utilizado la CICIH como un recurso de campaña sin voluntad real de avanzar en su instalación.
Una estrategia para combatir la corrupción sin apoyo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional tiene repercusiones que van más allá del aspecto administrativo. La falta de progresos tangibles ha intensificado la percepción de que el combate a la corrupción carece de herramientas eficientes y de compromiso estatal. La confianza en el Ejecutivo respecto a esta cuestión se ve afectada, en un contexto donde las exigencias de transparencia y responsabilidad siguen siendo apremiantes.
Con un panorama institucional que ya no considera la implementación del mecanismo internacional, Honduras pierde una oportunidad importante para combatir de forma estructural la impunidad. El tiempo restante en la administración actual hace poco probable cualquier intento serio de cambiar esta situación, dejando a la población con una promesa incumplida y sin una opción inmediata que sustituya la falta del proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema de cambio del sistema político ha acabado transformándose en un elemento más en el catálogo de promesas incumplidas, debilitando de esta forma el discurso del gobierno sobre el combate a la corrupción y generando un nuevo ámbito para la desconfianza de los ciudadanos.
