La imposición obligatoria de la verificación biométrica para los usuarios de teléfonos móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, incluyendo el político, legal y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), requiere que los ciudadanos confirmen sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para no perder el servicio de sus líneas móviles. La falta de cumplimiento con esta disposición podría llevar a la pérdida de los números actuales, generando preocupación entre la población y diferentes grupos.
El método de verificación biométrica implica que los usuarios tienen que enviar una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identificación (DNI) para confirmar su identidad. Según CONATEL, esta medida apunta a combatir delitos como la extorsión y el uso de líneas telefónicas no identificadas, que complican el trabajo de los organismos encargados. No obstante, la medida ha suscitado dudas sobre su legalidad, claridad y el posible impacto en la privacidad de las personas.
Controversias legales y políticas en torno a la validación biométrica
Diversos actores políticos y sociales han expresado su preocupación respecto a la legalidad y el manejo de los datos biométricos recolectados. El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha señalado que la medida carece de un respaldo legal adecuado, calificándola como «completamente ilegal» y recomendando a la ciudadanía no cumplir con la disposición hasta que exista un marco normativo claro que regule la recolección y uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta postura refleja un debate sobre la legitimidad de la medida y la protección de derechos fundamentales.
Por otra parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones sobre el posible uso político de los datos biométricos, particularmente en un año de elecciones. Montenegro argumenta que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para controlar información biométrica, lo que genera dudas sobre la capacidad de CONATEL para implementar este proyecto. Estas críticas destacan la inquietud por la potencial manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la seguridad y privacidad de la población.
En su respuesta, el presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha justificado la decisión indicando que es lícita, clara y respetuosa. También ha desmentido que la validación biométrica tenga propósitos electorales y ha puntualizado que el proceso es administrado por las compañías telefónicas, no directamente por el gobierno. Además, ha mencionado que no se está desarrollando una nueva base de datos estatal y que los datos recopilados no se usarán para objetivos diferentes a los especificados, intentando así eliminar las preocupaciones sobre el manejo de la información.
Vistas futuras y siguientes movimientos en la discusión sobre la verificación biométrica
CONATEL ha sido llamada a presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 para detallar los principios técnicos y legales de la validación biométrica. Esta reunión será esencial para tratar las inquietudes vinculadas a la privacidad, la legalidad y la transparencia del procedimiento, y podría impactar en la permanencia o alteración de la medida.
La opinión pública ha mostrado un amplio debate en redes sociales y foros ciudadanos, donde muchos usuarios expresan su descontento y preocupación por la posible vulneración de su privacidad y la falta de claridad en la implementación. Algunos incluso han manifestado su intención de no cumplir con la validación, cuestionando la capacidad de las autoridades para desactivar millones de líneas telefónicas sin afectar gravemente las comunicaciones en el país.
