El proceso electoral hondureño de 2025 se ha visto marcado por una serie de acontecimientos que han incrementado la incertidumbre y el debate sobre la institucionalidad democrática en el país. Un informe de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilizó a las Fuerzas Armadas por fallos logísticos graves durante las elecciones primarias, mientras que decisiones recientes sobre el desarme selectivo de oficiales han generado sospechas sobre la neutralidad del aparato militar.
Además, hay pronunciamientos de especialistas en derecho constitucional que sugieren modificar la Constitución para excluir a las Fuerzas Armadas de cualquier tarea relacionada con elecciones, en un entorno donde la credibilidad pública en los procedimientos y resultados está en su punto más bajo.
Revisión del CNE y discusión sobre el rol militar en elecciones
El reporte de auditoría interna del CNE, divulgado a medios nacionales, explicó que el retraso, la falta de completitud y la desorganización en la entrega del material electoral en varios centros de votación resultaron de irregularidades en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, responsables del resguardo y distribución de las urnas electorales.
Entre los descubrimientos más importantes se destacaron cambios de rutas sin justificación, retención de vehículos de transporte electoral durante varias horas, entrega parcial de equipos tecnológicos en áreas rurales y falta de comunicación entre líderes militares y coordinadores electorales. Estos incidentes ocasionaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de mesas, afectando la participación de los ciudadanos y generando incertidumbres sobre la transparencia del proceso, especialmente con respecto al Partido LIBRE, que ya había sido objeto de denuncias por irregularidades.
El informe fue divulgado en un momento de elevada tensión política, con un aumento del miedo a que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los altos mandos militares no han hecho una declaración oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido callado, lo cual ha sido visto por ciertos grupos como un indicio de complicidad.
Frente a este panorama, agrupaciones opositoras como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Salvador de Honduras han solicitado una revisión profunda del acuerdo de soporte logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, así como la presencia anticipada de observadores internacionales y evaluaciones externas al sistema de transmisión de resultados.
Desarmado específico de oficiales y conflictos internos en los Ejércitos
En el contexto de la polarización política, la medida tomada por el Estado Mayor Conjunto de retirar las armas a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha causado inquietud en sectores militares, políticos y entre la población civil. De acuerdo con reportes de fuentes castrenses y quejas publicadas por la prensa nacional, el retiro de armas no se está implementando de forma generalizada ni por motivos técnicos o de seguridad, sino más bien dirigido a oficiales que han expresado opiniones institucionales independientes o críticas hacia las autoridades gubernamentales.
Esta acción se ha percibido como un esfuerzo de purga oculta dentro del sector militar, quebrando la tradición de imparcialidad y suscitando dudas sobre la intención de asegurar el dominio político absoluto del sistema de seguridad nacional antes de las elecciones generales.
La eliminación selectiva de armas se añade a un conjunto de medidas recientes, como ajustes en la jerarquía militar y movimientos compulsivos, que han aumentado la fricción y el malestar dentro de la organización, especialmente entre los oficiales de rango medio y superior. Algunos oficiales a los que se les han quitado las armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo que es visto como un modo de apartarlos del componente operativo y del proceso electoral.
El temor principal entre líderes de oposición y sectores democráticos es que, ante una posible derrota del oficialismo en las urnas, el Gobierno utilice a las Fuerzas Armadas para desconocer los resultados o reprimir manifestaciones ciudadanas.
Estos sucesos han intensificado el debate en todo el país sobre la urgencia de actualizar y proteger los procesos electorales contra cualquier tipo de intervención armada, especialmente considerando que la estabilidad democrática en Honduras está en entredicho. La presión tanto social como política para que el Congreso realice una reforma constitucional que reevalúe la función de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema primordial en la agenda pública con miras a las futuras elecciones generales.
