La Propuesta de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en la nación, a causa de los potenciales impactos que podría ocasionar sobre la economía y el sector productivo del país. Esta medida, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se introduce como un instrumento para combatir la elusión fiscal y mejorar la recaudación del Estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
El plan incluye la abolición de esquemas de exención impositiva, el incremento de los impuestos y otorgar más flexibilidad al gobierno en la gestión de incentivos financieros. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como una indicación negativa para la inversión y la manufactura, lo que ha provocado incertidumbre y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el empleo
Diversos sectores empresariales, asociaciones comerciales y capitalistas tanto nacionales como internacionales han expresado que la legislación propuesta podría tener consecuencias negativas para la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte que la aprobación de la ley tal como está podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Además, empresas de zonas de libre comercio y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir su presencia, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Entorno regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político particular. El retiro de incentivos fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener esquemas de atracción de inversiones y equilibrios fiscales, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta situación podría influir en la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a posibles inversionistas como a los ya presentes, quienes podrían optar por mover su capital a países con condiciones más beneficiosas para el desarrollo empresarial.
La situación política e ideológica ha impactado en cómo se ve el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales perciben la narrativa oficial del gobierno como opuesta al sector empresarial y en sintonía con modelos económicos que han llevado a cambios estructurales en otros países de la zona. Esto aumenta el miedo a una posible modificación del modelo económico del país sin un plan técnico o una perspectiva clara de sostenibilidad.
En contraposición, los partidarios de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones de impuestos han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del gobierno para financiar iniciativas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras gubernamentales, el 92 % de las exenciones se centra en el 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % de las restantes empresas solo recibe el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de ingresar 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El proyecto no establece nuevos gravámenes ni aumenta las tarifas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la recaudación de impuestos directos de grandes corporaciones y riquezas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, la eliminación de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), que ha estado en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este marco. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser percibida como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria sigue sin resolverse y está dividido. Algunos opinan que podría establecer un sistema impositivo más justo y equitativo, mientras que otros temen que su aprobación empeore la situación económica, incremente el desempleo y cause fuga de inversiones. La determinación definitiva en el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
