El caso de Koriun Inversiones ha generado una amplia discusión en Honduras, especialmente tras las declaraciones del diputado Edgardo Castro en una reciente entrevista radial. La situación ha puesto en evidencia la magnitud del fraude, la presunta protección institucional y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
En la entrevista, el legislador Castro discutió sobre cómo opera la compañía, la respuesta de las entidades y la posible connivencia de funcionarios estatales, destacando la importancia de una investigación exhaustiva y la necesidad urgente de aclaraciones para las miles de personas involucradas.
Mecanismos del fraude y eludir instituciones
En su discurso, el legislador Castro explicó que Koriun Inversiones funcionaba abiertamente, gestionando enormes cantidades de dinero en efectivo, guardadas en cajas y bolsas dentro de las instalaciones, sin la intervención de las autoridades. Indicó que, pese al gran volumen de actividad financiera y a las numerosas filas de personas que acudían todos los días, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ni la policía, ni la fiscalía tomaron medidas para frenar la operación durante años.
Castro cuestionó la ausencia de acciones por parte de las instituciones responsables y sugirió que la falta de intervención podría estar relacionada con la protección de funcionarios de alto nivel. Según su análisis, la investigación sobre el caso se detuvo rápidamente y no se ha profundizado en la identificación de los responsables ni en la localización de posibles fondos ocultos. El diputado también mencionó la presencia de extranjeros vinculados al esquema, quienes manejaban grandes cantidades de dinero sin restricciones, lo que, a su juicio, solo es posible con respaldo desde el gobierno.
Implicaciones políticas y propuestas de investigación
El legislador afirmó que la red de salvaguarda para Koriun Inversiones podría involucrar a servidores públicos de varios niveles, como alcaldes, fiscales y otros políticos, lo que habría posibilitado la persistencia del fraude. Indicó que ciertos personajes de la esfera pública respaldaron a la empresa y que la Fiscalía debería haber convocado o detenido a quienes facilitaron su funcionamiento. Asimismo, mencionó la presencia de mecanismos organizados para cubrir actividades ilegales y la falta de transparencia en la administración de las entidades estatales.
Castro sugirió que el Ministerio Público otorgue incentivos monetarios a quienes reporten actos corruptos, pensando que este método podría estimular la participación ciudadana y ayudar en la detección de culpables en situaciones similares a la de Koriun Inversiones. Además, discutió el tema de la corrupción en distintos sectores del Estado, como el ámbito de la salud y el registro civil, destacando que la venta de datos y el desvío de fondos son conductas frecuentes que minan la confianza de la sociedad.
Durante su evaluación, el legislador relacionó el caso Koriun Inversiones con un panorama más extenso de corrupción e impunidad, en el que las averiguaciones quedan estancadas y no logran llegar a quienes tienen mayor responsabilidad, y en el que los sistemas de control institucional son inadecuados. Criticó la falta de medidas efectivas para recuperar el dinero y penalizar a aquellos involucrados en la estafa, además de señalar la influencia de intereses políticos y económicos en el proceso de toma de decisiones dentro de las entidades.
El caso Koriun Inversiones, según lo expuesto por el diputado Castro, evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión estatal, garantizar la independencia de las investigaciones y promover la transparencia en la gestión pública para evitar que situaciones similares se repitan y para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.
