El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que está en el poder desde 2022, se enfrenta a recientes críticas por promover cambios estructurales significativos sin llevar a cabo amplios procesos de consulta ni garantizar una transparencia adecuada en el ámbito legislativo. Estas críticas emergen en un contexto de aumentada tensión política e institucional, donde varios sectores cuestionan la dirección que ha elegido el oficialismo para avanzar en su programa.
Dudas sobre las técnicas legislativas del partido oficialista
Varias voces dentro del entorno político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud por lo que perciben como una táctica de imposición legislativa por parte del gobierno. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con personajes clave como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el adecuado proceso parlamentario.
Un caso bastante polémico está relacionado con la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que posee repercusiones importantes en el ámbito fiscal. De acuerdo con las acusaciones, esta disposición ha progresado sin informes técnicos disponibles al público ni un proceso extensivo de consulta con los sectores interesados. También se señala la posibilidad de que la propuesta sea aprobada en encuentros acelerados, sin la confirmación formal de las actas legislativas pertinentes.
Expertos han señalado que la opacidad en este tipo de procedimientos se considera un peligro para la democracia institucional. Un analista en temas constitucionales consultado destacó que emplear métodos “dudosos e incluso ilegales” para implementar reformas fundamentales sin el apoyo político o técnico necesario constituye una amenaza directa al Estado de derecho.
Reacciones del sector privado y de la oposición política
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud sobre estas acciones, señalando que podrían socavar la confianza en el ambiente de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. En una etapa donde Honduras se enfrenta a retos económicos como el desempleo y la falta de crecimiento, los empresarios opinan que este tipo de medidas legislativas podría intensificar la incertidumbre económica.
Desde la oposición parlamentaria también se han denunciado irregularidades. Diputados opositores aseguran que se han promulgado leyes en el diario oficial La Gaceta sin cumplir con los procedimientos establecidos, como la aprobación formal de actas legislativas. Esto, según sus declaraciones, vulnera el principio de legalidad que rige las actuaciones del Congreso y compromete la legitimidad de las reformas adoptadas bajo esas condiciones.
El aumento de las discrepancias entre el gobierno y la oposición, junto a la separación en grupos importantes como el empresarial y organizaciones de la sociedad civil, muestra una división creciente en la administración del poder legislativo, en la que las conversaciones políticas han sido reemplazadas por actitudes conflictivas.
Cruzada institucional y papel de la ciudadanía
El contexto presente suscita dudas acerca de la solidez del sistema democrático en Honduras. La manera de manejar las reformas en las leyes exhibe continuas tensiones entre la intención del oficialismo de impulsar un cambio estructural y el reclamo de legalidad, transparencia y participación manifestado por diversos actores políticos y sociales.
La influencia de la sociedad civil organizada, junto con la vigilancia persistente de los medios y evaluadores institucionales, se considera crucial para limitar acciones legislativas que puedan comprometer el sistema democrático. La falta de acuerdos en reformas significativas no solo genera desconfianza en las instituciones, sino que también amenaza la estabilidad en un país caracterizado por su debilidad institucional y la tradicional falta de unidad entre los poderes del Estado.
En este escenario, Honduras se ve ante el desafío de fortalecer sistemas de deliberación y supervisión parlamentaria que aseguren la legalidad de sus procedimientos y la participación de los sectores sociales impactados por las políticas gubernamentales, especialmente en relación a reformas que afectan el modelo fiscal y económico de la nación.
