La credibilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras como garantes del proceso electoral ha sido objeto de un intenso debate público tras las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo de 2025. Diversos sectores sociales y partidos de oposición han manifestado su preocupación por una serie de irregularidades logísticas, particularmente en la distribución del material electoral en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reportaron demoras de hasta doce horas en la entrega de las maletas electorales. Esta situación generó largas filas de votantes, protestas ciudadanas y un ambiente generalizado de frustración, evidenciado tanto en los centros de votación como en las redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios sobre la falta de material y la escasa presencia de personal en las mesas receptoras.
El órgano electoral nacional admitió públicamente los problemas en la entrega, achacándolos a modificaciones de última hora en los medios de transporte, cambiando de camiones a autobuses, lo que impactó la coordinación y el respeto al cronograma. Aunque el organismo electoral intentó manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar continuó, en particular en la capital, donde ampliar el horario de votación no logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que deseaban ejercer su derecho al voto.
Dudas sobre la función de los militares en las elecciones
En este escenario, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia en el proceso electoral, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, ofreció su total apoyo a la institución militar, resaltando su función en la seguridad y la logística del evento electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no se hicieron responsables de los retrasos y denunció comportamientos de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta fricción institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la inquietud sobre la imparcialidad y efectividad del proceso electoral programado para noviembre de 2025.
La legislación hondureña, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la protección, transporte y supervisión de los materiales electorales, en cooperación con el CNE. No obstante, existen restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, tales como no interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, evitar influir en el voto, abstenerse de participar en actividades políticas partidarias, o no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. Pese a estas limitaciones, el esquema institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, una situación inusual a nivel mundial y que, según algunos estudios, evidencia la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Sugerencias de enmienda y discusión sobre la intervención del ejército
Ante los recientes acontecimientos, se han intensificado las propuestas de reforma constitucional para limitar o eliminar el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha planteado la necesidad de transferir las atribuciones electorales a autoridades civiles, argumentando que los procesos electorales deben ser manejados exclusivamente por estas entidades. De igual manera, el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una moción para reformar el artículo 272 de la Constitución, buscando restringir el rol militar en temas electorales y fortalecer la institucionalidad civil. Sin embargo, esta iniciativa ha generado reacciones encontradas, incluso dentro de su propio partido y entre sectores de la oposición, quienes interpretan la propuesta como un intento de concentración de poder por parte del oficialismo.
La discusión sobre el papel de los militares durante los procesos electorales se ha intensificado debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar amenazada, además del historial de intervenciones por parte de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la modificación del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensa de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, estableciendo claramente sus deberes y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Las propuestas también contemplan el reforzamiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el fin de avanzar hacia un control democrático real y minimizar la influencia militar en la política.
El debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un tema crucial en la agenda política, con llamados a implementar reformas que garanticen la independencia y la transparencia en el proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema de votación se valora como esencial para la estabilidad democrática del país, y la discusión actual refleja la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y asegurar elecciones libres y transparentes.
