El problema causado por la gigantesca estafa piramidal de la empresa Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los ciudadanos piden al gobierno de Honduras medidas efectivas. Personas afectadas de diversas áreas del país señalan la falta de acción de las instituciones ante una situación que ha provocado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La reacción del gobierno, que hasta ahora ha sido limitada, ha incrementado las críticas públicas y reavivado dudas sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para evitar y castigar fraudes de esta magnitud.
Críticas a denuncias públicas y oficiales
Las protestas recientes destacaron por las consignas enfocadas en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y en organizaciones del Estado como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes afirman que fueron víctimas de un esquema financiero engañoso sin que, hasta ahora, se haya implementado un plan de compensación ni se hayan señalado culpables de forma clara.
Uno de los puntos más criticados involucra a la CNBS. Los manifestantes señalan al organismo regulador por haber recibido quejas oficiales acerca de las actividades anómalas de Koriun, sin tomar acciones preventivas o correctivas. Estas declaraciones han intensificado la percepción de una posible negligencia institucional, lo que ha exacerbado la desconfianza hacia la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al uso de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han declinado sugerencias no oficiales que proponen usar recursos del estado para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La noción de emplear dinero público ha sido definida por los manifestantes como una acción inapropiada que traspasaría la carga del fraude a toda la población, en vez de responsabilizar a los autores materiales y colaboradores del esquema piramidal.
Durante las protestas, varias pancartas evidenciaron el rechazo al enfoque adoptado por las autoridades. Expresiones como “El Gobierno también es responsable” y “Koriun estafó, el Estado encubrió” apuntan a una narrativa en la que no solo los operadores de la estafa, sino también los órganos de supervisión y justicia, comparten una cuota de responsabilidad en la falta de respuestas oportunas.
Simultáneamente, la falta de progresos evidentes en el Ministerio Público ha provocado críticas de ciertas partes de la ciudadanía que ven una carencia de interés político para cerrar el asunto con una resolución judicial satisfactoria. La inacción de la Fiscalía respecto a un asunto de gran repercusión social e institucional ha generado una nueva línea de conflicto entre la sociedad civil y el sistema judicial.
Perspectivas de desplazamiento y presión global
Dado el estancamiento en los progresos, grupos cívicos han comunicado la planificación de más días de manifestaciones y han considerado la opción de llevar el conflicto a niveles internacionales. Para ciertas partes, recurrir a procesos legales en el ámbito internacional se considera un modo de ejercer presión sobre el Estado hondureño para que cumpla con sus obligaciones en lo que respecta a justicia y compensación.
El conflicto ha puesto de manifiesto no solo la magnitud del fraude, sino también las deficiencias en la regulación de entidades financieras informales y la limitada capacidad de respuesta frente a delitos económicos de gran magnitud. El caso Koriun ha centrado el debate nacional en la urgencia de implementar reformas que fortalezcan los sistemas de supervisión, castigo y reparación, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Un escenario caracterizado por el deterioro institucional
El progreso del asunto Koriun ilustra una situación donde las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la justicia chocan con la lentitud de las instituciones. La ausencia de transparencia sobre qué ha ocurrido con los recursos, la responsabilidad de quienes están involucrados y la función de los entes reguladores ha puesto al Estado en el centro de un escrutinio crítico. El desafío para el gobierno y el sistema judicial no solo radica en resolver el asunto, sino también en restaurar la confianza pública en la capacidad de las instituciones para resguardar los derechos financieros de la gente en un país donde los mecanismos de control permanecen débiles.
