La reciente exposición sobre la pasividad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) respecto a denuncias sobre posibles irregularidades de la entidad financiera Koriun ha desatado un intenso debate público en Honduras. El reconocimiento por parte del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, de la ausencia de respuesta institucional ante alertas concretas ha generado indignación entre los perjudicados y ha cuestionado la efectividad de los mecanismos de supervisión financiera en el país.
El caso Koriun, que involucra a más de 35.000 personas perjudicadas, ha evidenciado la necesidad de fortalecer los controles regulatorios y de exigir responsabilidades a las autoridades competentes. La situación ha movilizado a sectores sociales, organizaciones civiles y representantes del sistema bancario, quienes buscan esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Falta de acción de las instituciones y demandas de los perjudicados
Durante una aparición pública, el encargado de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales acerca de Koriun, pero no procedió a investigar ni a prevenir los riesgos de manera rápida. Esta afirmación provocó una serie de reacciones en plataformas sociales y espacios de discusión ciudadana, donde los afectados expresaron su descontento por la apatía gubernamental y demandaron explicaciones concretas. Las víctimas, muchas de las cuales perdieron sus ahorros y propiedades, culpan a la CNBS de grave negligencia y falta de cumplimiento de sus obligaciones institucionales, indicando que las alertas fueron ignoradas de manera intencionada.
El suceso ha intensificado la discusión acerca de la eficiencia de los mecanismos de alerta temprana y vigilancia financiera en Honduras, además de la potencial existencia de complicidades o miedos políticos que podrían haber evitado una intervención a tiempo. Asociaciones de consumidores y expertos han puesto en duda cómo una estructura considerada como piramidal logró funcionar durante tanto tiempo sin controles efectivos, a pesar de las denuncias formales presentadas.
Como respuesta, legisladores opositores comunicaron la introducción de una propuesta para explorar el rol de la CNBS en el asunto Koriun y convocar al presidente de la entidad para una interpelación oficial. Expertos en derecho constitucional han señalado que admitir la falta de acción podría considerarse un delito por omisión en el desempeño de funciones públicas, debido a la obligación legal de intervenir frente a indicios de actividades financieras fraudulentas.
Grupos de la sociedad civil han requerido la actuación urgente del Ministerio Público, la ejecución de una auditoría imparcial sobre las medidas de la CNBS y el establecimiento de un fondo específico para indemnizar a los perjudicados, empleando los bienes confiscados a los involucrados directos en el fraude. Del mismo modo, se ha solicitado la ayuda de organizaciones internacionales para resguardar los derechos de los afectados y prevenir la impunidad.
Situación del sector bancario y llamada a la prevención
Ante el aumento de inquietudes por parte de los ciudadanos, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) junto con los bancos que operan oficialmente en el país han informado que no tienen ninguna relación con la financiera Koriun. Según los representantes del sector bancario, Koriun no ha estado bajo la supervisión de la CNBS ni pertenece al sistema bancario oficial, por lo que los bancos no administraron fondos ni tuvieron conexiones comerciales con dicha empresa.
Koriun se presentó en redes sociales como una plataforma de inversión que ofrecía altos rendimientos, sin contar con respaldo legal ni mecanismos de supervisión. Actualmente, es señalada como una estructura piramidal que habría captado ilegalmente millones de lempiras, afectando a decenas de miles de hondureños.
El sistema bancario de Honduras ha reafirmado su compromiso con la claridad, el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del ahorro de los ciudadanos. Asimismo, ha instado a la población a que compruebe siempre que las entidades financieras estén correctamente supervisadas por la CNBS antes de efectuar cualquier inversión, y a no dejarse llevar por promesas de ganancias rápidas sin sustento.
Al final, tanto AHIBA como los bancos asociados han solicitado a las autoridades pertinentes que investiguen completamente el caso, castiguen a los culpables y promuevan campañas de concienciación para prevenir futuros fraudes, destacando la estabilidad y confiabilidad del sistema bancario formal de Honduras.
