El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de modificación fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por los voceros empresariales como un riesgo evidente para la estabilidad del empleo y la continuidad de múltiples empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de los estímulos fiscales que han sido esenciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría llevar a una ola de cierres y despidos masivos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
El impacto previsto de la reforma no solo se limita al ámbito empresarial, sino que también se proyecta hacia la economía familiar y el tejido social hondureño. Analistas y líderes gremiales advierten que la reducción de la actividad económica, junto con la salida de empresas, podría traducirse en un aumento del desempleo estructural, un crecimiento de la informalidad, migración forzada y un colapso del consumo interno. Este escenario se agrava ante la situación actual del país, donde más de un millón de personas buscan empleo digno y la informalidad laboral afecta a una parte significativa de la población.
Consecuencias de quitar los beneficios fiscales y el peligro para el trabajo
La normativa sobre Justicia Tributaria prevé suprimir diversos regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales, impactando en más de diez sectores productivos, como zonas francas, turismo, energía renovable y manufactura. Según cifras del sector empresarial, actualmente más de 400,000 empleos directos y más de un millón de trabajos indirectos se sostienen gracias a estos regímenes, especialmente en la cadena de abastecimiento y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos incentivos podría desencadenar el cierre de fábricas, talleres, comercios y fincas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando a miles de hondureños sin empleos formales y aumentando la presión sobre el sector informal.
El análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señala que la reforma fiscal impactaría negativamente en sectores como el turismo, la manufactura y la agroindustria. Por ejemplo, en la industria manufacturera se estima que estarían en riesgo 40.000 empleos y más de 733 millones de dólares en exportaciones, mientras que en el turismo, la afectación podría representar la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y una disminución significativa en la inversión y salarios. Además, el aumento de los costos operativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su permanencia en el mercado, lo que agravaría la situación de desempleo y subempleo en el país.
Impactos sociales y soluciones alternativas del ámbito privado
El efecto social de la reforma se prevé como irreversible, con el peligro de incrementar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. El aumento del sector informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían empeorar la calidad de vida y los ingresos fiscales, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los empresarios se enfoca en el impacto en cadena sobre la estabilidad social, señalando que la eliminación de oportunidades laborales podría empobrecer aún más al país.
Ante este panorama, el sector privado ha propuesto alternativas, como la reducción del Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con el objetivo de dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños, estimular la economía y generar empleo. Además, sugieren que en lugar de eliminar los incentivos para todos los sectores, se realicen inspecciones y fiscalizaciones a las empresas exentas de impuestos que incurran en irregularidades, aprovechando las facultades que ya otorga la legislación vigente. El sector empresarial insiste en la necesidad de diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener consecuencias irreversibles para el desarrollo económico y social del país.
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa siendo intenso, con llamados urgentes al Congreso Nacional para revisar a fondo el contenido de la ley y evitar decisiones que puedan profundizar los problemas estructurales de Honduras, como el desempleo, la pobreza y la migración.
