La iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha creado un entorno de incertidumbre que impacta tanto a inversionistas locales como internacionales. Esta propuesta, promovida por el gobierno, ha llevado a detener inversiones significativas, a cancelar ampliaciones de negocios y a trasladar operaciones hacia otras naciones de Centroamérica, donde las normativas legales son vistas como más estables y confiables. La comunidad empresarial hondureña argumenta que los cambios fiscales abruptos y sin consenso con distintos sectores han generado un ambiente empresarial impredecible, lo cual dificulta la planificación estratégica y detiene proyectos de gran envergadura que son cruciales para el desarrollo continuo del país.
La industria nacional alerta que suprimir exenciones e incentivos tributarios, estipulados en la legislación, podría socavar uno de los pilares principales de la economía de Honduras. Empresarios y expertos económicos coinciden en que la acción podría causar la salida de capitales, el retiro gradual de inversiones y el empeoramiento del ambiente empresarial, afectando de manera directa la competitividad y la creación de trabajos formales en sectores cruciales como la agroindustria, el turismo, la manufactura, la construcción y la tecnología.
Efectos de la inestabilidad económica en la inversión y el empleo
La incertidumbre provocada por los cambios fiscales inesperados ha tenido repercusiones inmediatas, como el traslado de operaciones hacia naciones cercanas, la paralización de inversiones industriales, logísticas y tecnológicas, y la anulación de proyectos energéticos, turísticos y agrícolas que prometían miles de empleos. Honduras ha sufrido un descenso en los rankings de competitividad e inversión extranjera, lo que refuerza la percepción de que el país está emitiendo señales negativas al mercado internacional. Aunque el gobierno mantiene que la ley busca equidad fiscal, expertos advierten que los costos no visibles de este panorama serán mayores que cualquier ingreso adicional esperado, dado que el capital tiende a buscar lugares más predecibles y amigables.
Por el contrario, la supresión de beneficios fiscales, que se han usado tradicionalmente para atraer inversión extranjera directa, resulta en la salida gradual de capitales, la cancelación de planes de crecimiento empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones del exterior. Este empeoramiento del entorno empresarial impacta particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70 % del empleo en la nación, y que se enfrentarían a nuevos impuestos sin apoyo técnico ni consulta con múltiples sectores.
Petición para una reforma fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, los sectores económicos han instado al Congreso Nacional a no aprobar la legislación tal como está y a llamar a un diálogo técnico y multisectorial. Creen esencial crear una reforma fiscal equitativa que no perjudique la inversión ni el empleo, sino que afiance a Honduras como un lugar seguro para invertir y crear oportunidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como el mayor impedimento para recuperar la confianza empresarial y atraer nuevas inversiones de desarrollo.
La amenaza de asfixiar al sector privado, en particular a las MIPYMES, es una preocupación significativa, dado que estas empresas son fundamentales para el empleo nacional. La implementación de nuevos impuestos sin un adecuado soporte técnico podría complicar todavía más la viabilidad de estos negocios y frenar la habilidad de Honduras para ser competitivo en la región. Por lo tanto, el país enfrenta un dilema entre establecerse como un destino atractivo para el capital o elegir un enfoque que limite la producción y la inversión.
