En los últimos años, la libertad de prensa en Honduras ha tomado una gran importancia, caracterizada por un aumento en los incidentes de violencia, amenazas e impunidad hacia periodistas y medios de comunicación. Diferentes reportes y documentos oficiales han demostrado un ambiente progresivamente más adverso para el trabajo periodístico, donde la presión institucional y económica se une con acciones directas de intimidación y esfuerzos de desprestigio.
En este escenario, los periodistas hondureños han enfrentado no solo amenazas físicas, sino también campañas de difamación pública y presiones legales, lo que ha socavado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto en el ámbito nacional como internacional. La reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ha sido de monitoreo continuo y solicitudes para salvaguardar los derechos esenciales.
Violencia, intimidación y falta de justicia contra periodistas
Entre 2001 y finales de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han perdido la vida de manera violenta en Honduras, con una tasa de impunidad que excede el 90 %. Las amenazas, el acoso y las restricciones en plataformas digitales se han establecido como las maneras más comunes de agresión, afectando tanto a comunicadores individuales como a organizaciones mediáticas en varias partes del país. En los últimos años, se han reportado ataques a 64 medios, lo que indica un patrón constante de hostigamiento y criminalización.
La tensión financiera que enfrentan los medios ha afectado su eficiencia y autonomía editorial, forzando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso cerrar. La persecución legal y la escasez de recursos han contribuido significativamente a esta fragilidad. Entidades internacionales han colocado a Honduras entre las naciones con las condiciones más adversas para el ejercicio del periodismo en América Latina, posicionándolo en lugares bajos en los rankings mundiales de libertad de prensa.
En este contexto, instituciones tanto nacionales como internacionales han pedido al Gobierno de Honduras que asegure la protección de los periodistas y respete la libertad de expresión, viéndolos como componentes fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas institucionales y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras emprendieron una campaña mediática contra periodistas que mantenían una postura crítica, empleando su medio oficial de comunicación para desacreditar públicamente a conocidos comunicadores. En una publicación reciente de su periódico oficial, dedicaron varias páginas a mencionar a tres periodistas, asociando las acusaciones con fotos y calificativos que los señalaban como opositores del Estado, sin proporcionar evidencias específicas.
Este incidente provocó una respuesta instantánea del sector periodístico y de grupos de derechos humanos, los cuales repudiaron la iniciativa calificándola como un asalto institucional sin paralelo proveniente de las máximas instancias del poder militar y gubernamental. La comunidad de periodistas y distintos segmentos de la sociedad hondureña han sostenido una actitud de vigilancia, demandando claridad y respeto por los derechos esenciales, así como el fin de cualquier tipo de acoso hacia la prensa independiente.
La situación del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio emitido por la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado el interés de la sociedad y ha provocado expresiones de apoyo de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, visto como amenazante, fue una respuesta a los comentarios de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en la utilización de fondos públicos. Diferentes sectores han remarcado que la tarea de informar y llevar a cabo una supervisión de las entidades es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha pedido al Estado que se evite hacer declaraciones que puedan amedrentar de manera directa o indirecta a periodistas y medios, enfatizando la responsabilidad del gobierno de salvaguardar la libertad de pensamiento y expresión. Situaciones como estas han sido vistas como un esfuerzo para limitar la tarea informativa y crítica del periodismo en el país, aumentando la inquietud sobre la utilización del poder estatal para restringir la actividad periodística en Honduras.
