El escenario político en Honduras está en una situación delicada, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando gran inquietud sobre lo que consideran una inclinación autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en relación con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Dentro de la sociedad hondureña, ha habido un aumento de inquietud debido a varias iniciativas del gobierno que indican una alarmante degradación de los valores democráticos. Estas medidas incluyen desde la restricción de libertades civiles básicas, cruciales para el ejercicio completo de los derechos ciudadanos, hasta la puesta en marcha de estrategias que intentan aumentar el control sobre los medios de comunicación, elementos fundamentales en la creación de la opinión pública y la supervisión del poder.
Además, se percibe una maniobra intencionada para fortalecer el control en las distintas entidades del Estado, lo que podría resultar en una disminución de la división de poderes y, por lo tanto, de los controles y equilibrios esenciales en un sistema democrático robusto. La convergencia de estas tendencias ha creado un ambiente de incertidumbre y temor entre varios sectores, quienes consideran que estas acciones podrían llevar a un régimen con rasgos autoritarios.
Peligros para las libertades básicas: manifestación, medios de comunicación y ejército
Entre las medidas que han suscitado polémica está la supuesta penalización de las manifestaciones ciudadanas, ya que se han señalado la difusión de normas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el enjuiciamiento de personas que se expresan, aun en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han documentado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de la policía y advertencias de enjuiciamiento a asociaciones sociales críticas de las autoridades.
Por otro lado, ha surgido preocupación por la independencia de los medios. Tanto periodistas como canales de comunicación críticos han enfrentado campañas de desprestigio, limitaciones para acceder a información pública, presiones en el ámbito fiscal, judicial y publicitario, además de actos de violencia e intimidación física. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han mostrado su inquietud por el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Un asunto controversial más es el estado de las fuerzas militares. Se han presentado quejas sobre una supuesta eliminación intencionada de oficiales que no están alineados con la dirección política del partido en el poder, además del desarme parcial o la reubicación de tareas estratégicas hacia liderazgos allegados al oficialismo. Estas medidas han causado inquietud por la posible politización de la institución castrense.
La disyuntiva democrática en Honduras
Las medidas en contra de los medios de comunicación y la comunidad civil buscan callar opiniones contrarias, al mismo tiempo que indican un plan más extenso para eliminar los equilibrios democráticos y fortalecer un dominio absoluto.
La inquietud se ha manifestado en torno a la puesta en marcha de un plan que, de acuerdo con expertos y líderes opositores, pretende afianzar el poder del Partido LIBRE dentro de las entidades estatales, mediante la captura institucional, enmiendas a la constitución, acoso a la oposición y medios críticos, y la utilización de recursos estatales para el clientelismo político. Se ha mencionado el esfuerzo por controlar el Consejo Nacional Electoral, la nominación de personas asociadas con el ala más extrema del partido, los intentos de modificar la constitución, la creación de estructuras paralelas al gobierno y el alejamiento de Estados Unidos.
Las elecciones generales de 2025 se vislumbran como un momento crucial para el futuro de la democracia hondureña. La ciudadanía deberá decidir si permite la consolidación de un modelo autoritario o si opta por la defensa de la institucionalidad democrática.
