La reciente propagación de un narcovideo en Honduras ha aumentado las inquietudes sobre el desempeño del sistema judicial del país. Según un informe publicado por el centro de investigación InSight Crime, el asunto no solo revela conexiones entre individuos del narcotráfico y personas cercanas al poder, sino que también corrobora un patrón alarmante: el uso de la justicia como un instrumento político.
Modelos de inmunidad y acoso puntual
InSight Crime expone un escenario donde la justicia se ejerce de manera desigual. Mientras algunos imputados son mostrados en público y enfrentan juicios acelerados, otros, supuestamente relacionados con la administración actual, permanecen fuera del alcance legal o incluso cuentan con amparo institucional. Este fenómeno, señala el reporte, no es novedoso en la zona, pero en el caso de Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes en los meses recientes.
El informe también establece paralelismos con dinámicas autoritarias observadas en países como Venezuela y Nicaragua, donde el poder judicial ha sido cooptado por intereses políticos para asegurar impunidad a aliados y castigar a críticos. La situación hondureña, según el centro de análisis, sigue ese mismo camino, lo que amenaza directamente el Estado de derecho.
Comentarios críticos y solicitud de monitoreo internacional
Las respuestas ante el informe llegaron rápidamente. Líderes políticos de oposición, abogados y activistas de derechos humanos han coincidido en afirmar que la manipulación del sistema judicial amenaza la autenticidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por actores internacionales, quienes han recibido peticiones para observar el deterioro de las instituciones en el país.
Una fuente diplomática mencionada por InSight Crime señaló que Honduras podría dirigirse hacia una seria crisis en la gestión del gobierno si no se restauran las garantías básicas de independencia judicial. La creciente falta de confianza del público, alimentada por la falta de transparencia y la impunidad, ha disminuido aún más la credibilidad de las instituciones.
En este escenario, varios sectores han solicitado de manera urgente que entidades multilaterales como la OEA y la ONU continúen vigilando el país. Reclaman medidas que aseguren un sistema judicial justo e independiente, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo revela un caso específico de corrupción, sino que se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con sesgo político.
