La Casa Blanca se moviliza contrarreloj para salvar su estrategia comercial, seriamente dañada tras la sentencia del miércoles que anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha advertido que, si los tribunales inferiores no suspenden la ejecución del fallo, pedirá este mismo viernes al Tribunal Supremo que mantenga las tasas vigentes a las importaciones, alegando que su eliminación supondría “daños irreparables” para la economía y la seguridad nacional.
El fallo representa el mayor revés judicial para Trump desde que inició su segundo mandato. Sus abogados ya han solicitado medidas cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el escrito de 124 páginas presentado este jueves, el Ejecutivo alerta de que, si se aplica la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con múltiples países podrían desmoronarse de inmediato”, pese a que en realidad Trump no ha formalizado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Planteamientos reiterados, sin nueva justificación
El Ejecutivo mantiene los mismos puntos defendidos durante el juicio: que los jueces carecen de autoridad para poner en duda la decisión presidencial de recurrir a leyes de emergencia para aplicar aranceles, y que hay casos anteriores —como el de Richard Nixon— que respaldan este tipo de acciones. No obstante, el fallo del tribunal examina exactamente ese antecedente y lo emplea para cuestionar la legitimidad de las acciones de Trump.
La petición dirigida al Supremo enfatiza que, sin una suspensión urgente, “incluso si se validan los aranceles en el futuro, el perjuicio ocasionado no podrá ser deshecho”. El Gobierno señala que podría enfrentar una reducción en ingresos fiscales, tener dificultades en negociaciones internacionales y estar sujeto a represalias comerciales.
El fallo: un revés para la táctica y la legalidad de Trump
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó el miércoles por unanimidad que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales, al considerar que el presidente excedió sus competencias constitucionales y violó la legislación al aplicar una ley de emergencia de forma indebida.
El fallo invalida, entre otros, los impuestos del 25% a Canadá y México y del 20% a China, junto con los controvertidos “impuestos recíprocos” implementados a nivel mundial con el pretexto de combatir el fentanilo y regular la inmigración. Estas acciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Conflictos en el ámbito político y judicial
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha censurado severamente la decisión, tildándola de «abuso judicial» y señalando a «magistrados no electos» por interferir en las decisiones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son obstaculizados por jueces activistas», afirmó.
Stephen Miller, asistente del jefe de gabinete, fue más allá: “Estamos bajo el control de una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que está seguro de que la decisión se revertirá en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está elaborando un recurso sobre el fondo del tema que aún no ha sido presentado.
Divergencia ideológica en el Supremo
La Corte Suprema, en la cual Trump tiene a tres jueces dentro de los seis que constituyen la mayoría conservadora, podría actuar como el decisor definitivo. No obstante, ese balance ideológico no asegura un fallo beneficioso. La resolución revocada fue suscrita unánimemente por magistrados nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una relevancia institucional complicada de ignorar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto impulsó a cuatro integrantes del Gabinete a realizar declaraciones oficiales en la corte. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que cancelar los aranceles «debilitaría» pactos actuales. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, destacó el peligro de quebrar conversaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, se muestra preocupado por un posible desajuste en las condiciones de competitividad. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que el veredicto amenaza la política internacional y la seguridad del país.