Vie. Abr 12th, 2024

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tardaron exactamente un año para determinar la posible implicación de Alejandro Sinibaldi Aparicio y Manuel Antonio Baldizón Méndez en el caso Odebrecht. Miles de documentos fueron examinados, una decena de viajes fueron hechos a Brasil, Panamá y Estados Unidos, y a lo largo del proceso fueron utilizados investigadores y expertos en inteligencia financiera, así como al menos dos testigos protegidos, que eran altos ejecutivos de la constructora brasileña. Todo esto compone la Fase I de la investigación.

La fiscal general Thelma Aldana anunció que en las próximas semanas se darán a conocer detalles de una o dos etapas adicionales, en las que se espera involucrar a otros actores políticos y empresariales del país. Actualmente, la atención está centrada en Sinibaldi y Baldizón, representantes principales en la negociación de los sobornos otorgados por Odebrecht en Guatemala, al igual que lo hizo en otros lugares de América Latina en los últimos años.

El tercer cargo en el que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han acusado al ex Ministro de Comunicación del Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi, es por haber presuntamente cometido delitos durante su periodo en el gobierno. Anteriormente, también había sido señalado de involucrarse en los casos de Cooptación Estatal, Corrupción y Construcción. 

El poderoso político y empresario Manuel Baldizón, candidato presidencial del desaparecido Libertad Democrática Renovada (Lider), solo ha sido vinculado a este caso hasta el momento. Desde enero de 2016, ha estado viajando entre Ecuador, República Dominicana y Miami (EE.UU.), desde donde controlaba sus negocios.

Al intentar entrar a esta ciudad de Florida el pasado sábado, fue arrestado. El MP ha confirmado que el Departamento de Estado de EE.UU. revocó su visa de ingreso a ese país dos días antes, y que un tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala emitió una orden internacional de captura el día siguiente. Para evitar ser deportado a Guatemala, ha solicitado asilo político en Estados Unidos. Actualmente se encuentra recluido en un centro de detención de migrantes en Miami, mientras se decide su situación.

“Un caso como este, de carácter internacional, que implica a tantas personas e instituciones en diferentes países, no se puede investigar en dos meses como quisieran los críticos”, ha explicado una fuente cercana a la Cicig. Agrega además que la Comisión y la Fiscalía, “no pueden responder a los tiempos ni a los intereses políticos” de ningún grupo. “Hay que saber esperar”.

Alejandro Sinibaldi destapa caso de corrupción y una red de vinculados

La compañía brasileña acordó con el MP pagar a Guatemala una indemnización por los daños causados al país de US$17.9 millones, la misma cantidad que fue entregada como sobornos a los funcionarios guatemaltecos. Además, devolverá los recursos obtenidos para la construcción de la obra en cuestión, hará públicas sus disculpas por los daños ocasionados y renunciará a cualquier demanda o arbitraje por el incumplimiento del acuerdo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) comenzará un proceso judicial contra la compañía constructora en el Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar una indemnización al Estado de Guatemala. Esto porque Odebrecht recibió el 71% del valor total del contrato, a pesar de solo haber completado el 32% de los trabajos, gracias a la ayuda de Sinibaldi.

“En su declaración el colaborador 1 señala que Alejandro Sinibaldi pidió un porcentaje del 7.5% del monto del proyecto”, expresó Aldana. En 2012, el Congreso aprobó una ampliación de la carretera CA-2 Occidente, en el corredor del Pacífico, con un costo de US$249,824,349.24. Esta cifra se financió con dos préstamos internacionales: uno con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y el otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Estos préstamos sumaron US$17,9 millones.

En diciembre de 2011, Sinibaldi Aparicio se reunió en Guatemala con una persona de alta categoría de Odebrecht. Ya en enero de 2012, tras ser nombrado ministro de Comunicaciones, se habían acordado los términos para que la empresa brasileña ganara el contrato.

Los testigos protegidos informaron que Sinibaldi acordó con Odebrecht que los pagos se harían a través del banco Meinl en Antigua y Bermuda, usando a su concuñado Juan Arturo Jegerlehner Morales y al abogado Juan Ignacio Florido, quienes se encuentran en la cárcel debido al caso de Construcción y Corrupción.

Alejandro Sinibaldi en el Caso Odebrecht, una red de sobornos

Las investigaciones conjuntas del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) también se enfocan en Carlos Arturo Batres Gil, quien huyó el fin de semana pasado. Se cree que este se benefició financieramente de los sobornos acordados con Sinibaldi. Batres Gil fue el secretario personal de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y el hijo del exdiputado y empresario farmacéutico Carlos Arturo Batres Rivera.

Durante los dos años entre abril 2013 y abril 2015, Odebrecht realizó siete pagos indebidos a personas guatemaltecas. Esto cesó después del 16 de abril de 2015, cuando se llevaron a cabo las primeras indagaciones de la trama La Línea. Las investigaciones mostraron que Alejandro Sinibaldi percibió alrededor de 9,3 millones de dólares en sobornos, mientras que Jegerlehner Morales recibió 2,6 millones; Batres Gil 4,9 millones; y Baldizón 1,3 millones. Se espera que muchos más sean incluidos en la segunda etapa de la investigación.

Adicionalmente a la obtención ilegal de esta suma de dinero, actualmente, se le imputa de corromper el sistema judicial del país al obtener casa por cárcel a pesar de la gran cantidad de evidencia en su contra y los presos confesando haber trabajado para él. Lo que podemos evidenciar es que el sistema penitenciario le proporciona grandes beneficios, como una celda donde se encuentra actualmente, de 130m2 con parrilla, limpieza diaria, 3 televisores, entre otras cosas.

Además de estas ventajas, queda un interrogante sobre los bienes confiscados sin un motivo financiero legítimo que justifique su retención. Esto sugiere que aquellos recursos, tales como viviendas, adquiridos con el dinero obtenido a través de acciones corruptas, no se devolverán. Si él no es responsable, tendrá la oportunidad de declarar de dónde obtuvo los fondos para comprarlos.