El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció públicamente una campaña sistemática de estigmatización y amenazas contra periodistas en el país, atribuyendo su impulso a sectores gubernamentales y al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La organización gremial sostiene que se trata de un patrón sostenido de ataques que compromete la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y que ha sido trasladado a instancias internacionales como una alerta sobre el deterioro de garantías democráticas.
De acuerdo con el informe del CPH, los ataques pueden manifestarse de múltiples maneras, como amenazas e insultos en plataformas digitales, así como procesos legales impulsados por entidades estatales. La asociación menciona que quienes trabajan para el gobierno y algunos activistas en línea relacionados con el oficialismo han creado un discurso de desprestigio hacia medios y periodistas que son críticos. Esta situación, según el reporte, abarca intentos de obligar a revelar fuentes de información, un aspecto que, en el entorno de Honduras, se interpreta como una infracción directa al secreto profesional respaldado por normas internacionales.
Entre los ejemplos más recientes, se registran querellas presentadas por las Fuerzas Armadas y otras organizaciones del gobierno, que de acuerdo con el grupo, buscan detener pesquisas sobre presuntos actos de corrupción o abusos institucionales. Además, se observa un incremento constante de campañas de desprestigio efectuadas por cuentas anónimas o falsas, frecuentemente denominadas como “tropas digitales” alineadas con el oficialismo, que publican mensajes ofensivos y exponen públicamente los rostros de periodistas.
Escalada en el discurso oficial y tensión preelectoral
Un aspecto que ha causado gran inquietud es la intensificación de la hostilidad desde el Congreso Nacional. Especialmente, el titular del Legislativo, Luis Redondo, ha realizado comentarios en los últimos tiempos dirigidos hacia los medios de comunicación, con un tono que el gremio considera como un intento de deslegitimación. Estas manifestaciones se producen en un escenario de tensiones políticas en aumento, de cara a las elecciones generales previstas para noviembre, donde la disputa entre el gobierno y la oposición se ha agudizado.
El empleo de plataformas institucionales para emitir mensajes adversos contra la prensa intensifica un entorno de presión que, según el CPH, ha producido efectos como la autocensura y el alejamiento de voces críticas en los medios. Esta situación, en el contexto de un proceso electoral, ha sido interpretada por miembros del gremio como una indicación de que el periodismo independiente se enfrenta a un cerco institucional y digital sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia.
Preocupación internacional y llamados al cese de la intimidación
Diversas organizaciones internacionales han manifestado su alarma ante la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han emitido comunicados denunciando lo que califican como un retroceso en las garantías para el ejercicio libre del periodismo en Honduras. Los organismos coinciden en que las acciones denunciadas configuran un ambiente de vulnerabilidad que atenta contra derechos fundamentales y contra el papel del periodismo en la vigilancia del poder público.
Estos personajes, junto con el CPH y entidades nacionales, han solicitado al Gobierno asegurar la seguridad real de los periodistas, además de detener de inmediato cualquier tipo de amenaza, ya sea directa o indirecta. Recalcan que la libertad de prensa no es solo un derecho personal, sino una condición crucial para que la democracia funcione.
La denuncia del Colegio de Periodistas de Honduras se enmarca en un momento de fuerte polarización política y creciente desconfianza entre instituciones y sectores sociales. A pocos meses de las elecciones, el señalamiento sobre una campaña sistemática de hostigamiento contra la prensa pone en evidencia tensiones estructurales en torno a la libertad de expresión, el uso del aparato estatal y la calidad del debate democrático en el país.