Dom. May 19th, 2024

El Gobierno de Estados Unidos quiere una serie de estrictas medidas muy concretas de lucha contra la corrupción en Ucrania a cambio de su ayuda al país invadido por Rusia. Según el periódico Pravda de Ucrania, que ha filtrado la misiva escrita por el consejero adjunto de Seguridad Nacional de EE UU, Mike Pyle, a la Plataforma de Coordinación de Donantes, la Casa Blanca reclama acciones específicas en los tribunales, el Ministerio de Defensa y los organismos reguladores de las empresas estatales, entre otros. Esas medidas deben adoptarse en diversos plazos, desde tres meses (las más urgentes) a un año y medio para las más complicadas.

El borrador, aún sujeto a cambios y revisión, según precisa el Pravda ucranio, sale a la luz tras una serie de escándalos de corrupción en Ucrania. También cuando en Estados Unidos aumenta la resistencia entre los simpatizantes republicanos y los legisladores del ala más dura de ese partido a continuar el apoyo a Ucrania de manera indefinida, cuando la guerra ya supera el año y medio y no tiene visos de acabar a corto plazo. Estos legisladores reclaman, entre otras cosas, mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos. Estados Unidos ha entregado más de 75.000 millones de dólares (70.000 millones de euros) a Kiev en ayuda militar, económica y humanitaria.

El documento, encabezado como “Reformas vinculadas a condiciones en la asistencia estadounidense”, también se da a conocer cuando el Congreso estadounidense debe aprobar antes del 30 de septiembre una medida presupuestaria que incluye una partida de 24.000 millones de dólares (22.700 millones de euros) para Ucrania. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, se reunió el jueves con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio en Washington, precisamente para solicitar a los congresistas que continúen respaldando la asistencia a su país. De otro modo, alerta el dirigente ucranio, corre peligro el sistema de valores democráticos occidental.

En esa visita, Zelenski también se reunió con el presidente de EE UU, Joe Biden, quien anunció una nueva partida de asistencia militar por 325 millones de dólares (305 millones de euros).

Los demócratas, encabezados por la Casa Blanca, y el ala moderada del Partido Republicano, insisten en la necesidad de continuar el apoyo a Ucrania “con todo lo que sea necesario y todo el tiempo que sea necesario”. Pero el Gobierno estadounidense también puntualiza que quiere “asegurarse de que hay una rendición de cuentas” acerca de cómo se emplea esa ayuda, según apuntaba este martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su rueda de prensa diaria.

Los partidarios de esa asistencia insisten en que el abandono dejaría el campo libre a Rusia a las puertas de Europa y ningún país estaría seguro. También apuntan que China observa con interés lo que ocurre en Ucrania y podría interpretar la retirada del apoyo estadounidense a Kiev como un anticipo de lo que podría ocurrir con respecto a Taiwán en caso de conflicto.

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Patrimonio de cargos públicos

Las condiciones impuestas por la Casa Blanca que se han dado a conocer son más precisas que las hechas públicas por la Comisión Europea para abrir negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE. El Gobierno estadounidense exige, por ejemplo, que en tres meses se reforme la ley para que los cargos públicos tengan que declarar su patrimonio. Este requisito va en consonancia con el veto firmado el 12 de septiembre por Zelenski sobre una ley que posponía la obligatoriedad para los diputados de declarar sus bienes.

El líder ucranio ha apretado el acelerador para llevar a cabo mejoras en el sistema judicial y en la lucha contra la corrupción. El objetivo es llegar con los deberes hechos a la cumbre del Consejo Europeo del próximo diciembre para iniciar oficialmente las conversaciones para incorporar a Ucrania en la UE.

Pese a las prisas, todavía queda mucho camino por recorrer. Según la organización Transparencia Internacional, Ucrania es el país 116 (de una lista de 180) en cuanto a percepción de corrupción. De los siete compromisos que Kiev debe cumplir para arrancar las negociaciones de adhesión a la UE, de momento cumpliría dos. Dos de las que no está cumpliendo —pese a las mejoras reconocidas por Bruselas— son las reformas para reducir los índices de corrupción y también para garantizar la independencia del poder judicial.

Los escándalos de corrupción son frecuentes en Ucrania, también los ceses que impone Zelenski vinculados a presuntas malas prácticas. Hay casos que el documento de exigencias estadounidense señala directamente: la Casa Blanca exige que el Ministerio de Defensa se adapte en un año a los estándares de transparencia y de rendimiento de cuentas que se aplican en la OTAN. Oleksii Reznikov fue cesado este septiembre como ministro de Defensa tras dos episodios de presunta corrupción en la adquisición de alimentos y ropa para las tropas a precios muy por encima de los del mercado.

Otro organismo en el que Zelenski ha cesado a numerosos altos cargos, por acusaciones reiteradas de corrupción, es el Servicio Estatal de Fronteras. El documento de Washington incide en las necesarias reformas en este departamento dependiente del Ministerio del Interior. El presidente ucranio ha llegado a plantear una reforma legal que equipare los delitos de corrupción en tiempo de guerra con los de traición.

El Estado ucranio se mantiene en pie gracias al apoyo financiero y militar occidental. No solo eso: la economía del país vuelve a crecer este trimestre, tras derrumbarse un 30% el PIB en 2022, en el primer año de la guerra. Europa y Estados Unidos son los principales donantes de ayuda a Ucrania. La UE se ha comprometido con cerca de 140.000 millones de euros en asistencia —incluida la militar—, y EE UU, en 70.000 millones, según cálculos del Instituto para la Economía Global de Kiev. Son periódicas las visitas oficiales de delegaciones de la Comisión Europea, de los gobiernos de países miembros de la UE y de EE UU para supervisar el destino de sus ayudas. Pero no solo se producen estas visitas oficiales, también hay representantes de estos gobiernos monitorizando desde el terreno, al margen de las autoridades ucranias, el uso de la asistencia económica y militar, según ha podido comprobar EL PAÍS.

Washington reclama en su carta al Ejecutivo ucranio mayores controles en la distribución de estos fondos, sobre todo los de la futura reconstrucción del país. EE UU también exige, como la UE, organismos de supervisión de las empresas estatales más plurales y normas más duras para acabar con los monopolios de los oligarcas, las grandes fortunas nacidas tras el desmoronamiento de la Unión Soviética.

La plataforma de coordinación de donantes se lanzó en enero de este año para apoyar la reconstrucción ucrania. En ella participan representantes de Kiev, EE UU, la UE, los países del G-7 e instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversión.

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