Las referencias a Manuel Zelaya y su círculo familiar en investigaciones internacionales sobre narcotráfico han reavivado el debate sobre la influencia del crimen organizado en la política hondureña. Estos señalamientos, sustentados en testimonios y documentos, no se limitan a episodios aislados, sino que se han reiterado en distintos momentos, afectando la imagen pública del expresidente y del oficialista Partido LIBRE, hoy en el poder.
Testimonios y evidencias sobre los nexos
Uno de los elementos más citados proviene de un video difundido en 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece en una reunión con líderes del cartel Los Cachiros. En dicho encuentro se habría discutido el financiamiento de campañas políticas con recursos provenientes del narcotráfico, entre ellas la de Castro.
Años más tarde, en su testimonio ante tribunales de Estados Unidos, Devis Leonel Maradiaga, alias “El Cachiro”, afirmó que Carlos Zelaya participaba en el movimiento de drogas en Olancho en 2017 y que en 2021 recibió sobornos de estructuras criminales. Estos señalamientos muestran una supuesta continuidad en los vínculos de la familia Zelaya con actividades ilícitas.
Además, documentos oficiales como solicitudes de asistencia legal enviadas a Colombia y grabaciones telefónicas, mencionan a miembros de la familia, incluyendo a Manuel Zelaya, sus hermanos y su hijo, en investigaciones sobre lavado de dinero y transacciones irregulares relacionadas con propiedades.
Ecos en la política hondureña
Durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Manuel Zelaya volvió a aparecer. Según se señaló, habría recibido dinero proveniente de empresas vinculadas al narcotráfico, lo que refuerza la percepción de que actores del más alto nivel político hondureño han mantenido relaciones con estas redes.
A pesar de la gravedad de estos señalamientos, ni Manuel Zelaya ni otros miembros de su familia han enfrentado condenas judiciales por estos casos. El propio Zelaya ha negado de manera reiterada cualquier nexo con el narcotráfico, calificando las acusaciones como ataques políticos dirigidos a debilitar al Partido LIBRE.
Este contraste entre las evidencias presentadas en instancias internacionales y las respuestas de los señalados refleja la dificultad del sistema judicial hondureño para procesar casos que involucran a figuras políticas de alto perfil.
Implicaciones para la institucionalidad y la gobernabilidad
La persistencia de estas menciones tiene efectos que trascienden el ámbito judicial. El señalamiento de que dineros ilícitos han financiado campañas políticas, incluso la de la actual presidenta, alimenta la desconfianza ciudadana hacia la transparencia electoral y debilita la legitimidad de las instituciones.
El hecho de que nombres ligados a la cúpula de LIBRE aparezcan en expedientes internacionales sobre narcotráfico intensifica la polarización política y refuerza la narrativa de que el poder en Honduras se encuentra atravesado por intereses criminales. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar una gobernabilidad libre de injerencias ilegales.
El debate tiene un impacto económico: la idea de que la política en Honduras está vinculada a redes ilegales puede influir en la confianza de los inversores extranjeros y detener esfuerzos de colaboración global. La estabilidad institucional, ya débil, se encuentra con otro desafío relacionado con los antecedentes de acusaciones contra figuras políticas destacadas.
Un reto abierto para Honduras
El caso de la familia Zelaya ilustra cómo las acusaciones relacionadas con el narcotráfico han dejado de ser episodios puntuales para convertirse en un factor estructural en el debate sobre el presente y el futuro del país. Mientras en el plano judicial aún no se registran condenas firmes, en el plano político las implicaciones son inmediatas y profundas.
Las acusaciones verificadas en tribunales internacionales y las refutaciones de los involucrados dejan a Honduras en un estado de inestabilidad institucional, afectando de manera directa la confianza del público, la legitimidad del sistema democrático y las expectativas económicas.