En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2025, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de actores políticos, empresariales y sociales que lo acusan de impulsar acciones que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias abarcan desde bloqueos a instituciones clave hasta intentos de control político del organismo electoral.
Interrogantes sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los temas centrales de disputa ha sido la suspensión del proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados con LIBRE obstruyeron la entrada a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías ofertantes entregaran sus propuestas técnicas.
Cossette López, quien lidera el CNE, describió estas acciones como un ataque directo al desarrollo electoral, alertando sobre su efecto adverso en la confianza hacia la democracia y sus instituciones. La suspensión del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también incrementó la percepción de que se busca crear un entorno favorable para alterar los resultados.
Además, se han documentado episodios de presión institucional por parte de colectivos vinculados a LIBRE, lo que incluye incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos eventos, en conjunto, han sido vistos por sectores opositores como un intento de debilitar la autonomía del CNE y permitir su posible control político.
Peligros de acumulación de poder en el organismo electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, asuman roles, si las consejeras actuales son inhabilitadas, ha generado preocupación entre figuras políticas que piensan que este reemplazo disminuiría la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de análisis han expresado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Ciertas personas han pedido que entidades internacionales intervengan para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al procedimiento y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha señalado un supuesto uso estratégico de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los intereses del gobierno.
Estas tensiones han derivado en un llamado desde diversos sectores a reforzar los mecanismos de fiscalización y observación electoral, ante lo que consideran una amenaza creciente a la integridad del proceso democrático.
Acusaciones de desinformación y manipulación del electorado
Un aspecto adicional de crítica hacia LIBRE está relacionado con la publicación de encuestas que se consideran engañosas o manipuladas, mostrando una gran ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido desmentidas por las propias empresas de sondeo, que han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y técnicas.
El movimiento de estas encuestas ha sido visto como una táctica para influir en la opinión pública e infundir la noción de una victoria segura, lo que, según algunos grupos opositores, pretende influir en el resultado de las elecciones y cuestionar la legitimidad de una posible derrota. Este tipo de acciones ha ayudado a aumentar el ambiente de desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un contexto ya marcado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la proliferación de información engañosa se ha convertido en un factor adicional de inestabilidad, con posibles repercusiones sobre la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.