A menos de cinco meses de las elecciones generales en Honduras, la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral sigue siendo motivo de debate. Su papel constitucional es garantizar la seguridad, custodia y transporte del material electoral, así como la protección de los centros de votación se enfrenta a crecientes cuestionamientos, alimentados por fallos recientes y un contexto de desconfianza institucional.
Pronunciamientos formales y compromisos institucionales
Los dirigentes del Ejército han confirmado de manera pública su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, hablando en nombre de la alta jerarquía militar, reafirmó la promesa de las Fuerzas Armadas de asegurar un proceso electoral «limpio, transparente y seguro», subrayando el carácter apolítico y no deliberante de la institución militar.
Desde el Departamento de Defensa se ha reiterado que las Fuerzas Armadas cumplirán con las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución. Por lo tanto, en la etapa electoral, las FF. AA. deben desvincularse operativamente del Poder Ejecutivo para dedicarse únicamente a la protección del proceso electoral.
Críticas por fallos logísticos y antecedentes recientes
Aunque las declaraciones oficiales lo aseguran, varios sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. En los comicios primarios realizados en marzo de 2025, se denunciaron demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las deficiencias logísticas se achacaron tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, provocando una avalancha de críticas por parte de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad operativa del Ejército en labores relacionadas con elecciones y renovaron las críticas sobre su autonomía. Algunos expertos señalan que, si no se solucionan los errores mostrados en las primarias, el evento del 30 de noviembre puede enfrentarse a dificultades parecidas, afectando la confianza de la población en las entidades responsables del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia también ha afectado al discurso gubernamental. Especialistas indican que grupos cercanos al gobierno han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, impulsando una narrativa dirigida a mantener la reputación de la institución militar. Esta posición ha coincidido con un aumento de la desconfianza hacia el CNE, cuyas habilidades técnicas y liderazgo han sido criticados por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este escenario, el papel de las FF. AA. adquiere una complejidad mayor. Aunque su misión constitucional les prohíbe participar o involucrarse en temas políticos, la opinión pública acerca de su neutralidad se ve influenciada por la politización del debate electoral. La tensión incrementa conforme se acerca el día de las elecciones, en un contexto de polarización y dudas sobre la institucionalidad democrática.
Un desafío para la legitimidad electoral
La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.
En una nación con elevada polarización política e institucionalidad democrática débil, el papel de las FF. AA. en las elecciones podría impactar de manera significativa en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La claridad en las acciones y el cumplimiento riguroso del mandato constitucional serán fundamentales para prevenir conflictos mayores y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crítico.