Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.
Ministerio Público sin explicaciones definitivas en un caso de gran repercusión
En septiembre de 2024, se reveló el video denominado “narcovideo”, en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con traficantes de drogas. Desde entonces, la Fiscalía no ha formulado acusaciones formales ni ha mostrado avances procesales concretos. En el video, los participantes ofrecen 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Después de la revelación, Carlos Zelaya dimitió de sus funciones como legislador y secretario del Congreso Nacional. También renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Rafael Sarmiento, el líder del grupo parlamentario oficialista, igualmente dejó su cargo a disposición. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas judiciales específicas.
El Ministerio Público ha informado que el caso se encuentra “en análisis”, con solicitud de asistencia jurídica a Estados Unidos para obtener el video completo y documentación relacionada con juicios previos. No obstante, a la fecha no se conocen resultados de dichas gestiones, ni se ha presentado un cronograma público de investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
El lanzamiento del video desató una serie de respuestas desde diversos ámbitos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier conexión entre políticos y organizaciones delictivas, pero interpretó la filtración como un esfuerzo por desestabilizar su gestión con el objetivo de las elecciones de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posturas reflejan una tensión creciente en el ámbito político nacional, donde los llamados a esclarecer responsabilidades chocan con una respuesta institucional percibida como insuficiente. La falta de acciones concretas por parte del Ministerio Público ha alimentado la narrativa de impunidad en casos que tocan a figuras cercanas al poder.
Debilitamiento institucional en un escenario de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un episodio aislado. Se suma a una serie de escándalos recientes que han debilitado la confianza ciudadana en las promesas de cambio formuladas por la administración de Castro. La falta de respuestas judiciales ha reforzado la percepción de que el aparato estatal no actúa con la misma contundencia cuando los implicados forman parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este asunto toma importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el oficialismo intenta reducir el efecto del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social por claridad y equidad se sostiene como un punto de presión continuo.
Un caso que señala la situación de la institucionalidad en Honduras
A casi un año desde su publicación, el narcovideo sigue sin tener consecuencias judiciales notorias, mientras continúan los cuestionamientos sobre el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura. La continua inacción deteriora aún más la legitimidad institucional, en un país con un historial de impunidad y la constante influencia del crimen organizado en el ámbito político.
El manejo de este caso representa no solo un reto inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una prueba crítica para la solidez del Estado de derecho en Honduras. La manera en que se resuelva o se omita marcará el curso de la credibilidad institucional de cara a un proceso electoral altamente polarizado.