El entonces candidato presidencial de la alianza PAN-Podemos se convirtió en el primer aspirante a la Presidencia sancionado durante el proceso electoral de 2019. El Tribunal Supremo Electoral detectó publicaciones y publicidad pagada en redes sociales que incumplían las disposiciones electorales.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, en aquel entonces aspirante a la presidencia por la alianza formada entre el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de publicidad electoral extemporánea en plataformas digitales.
Dicha resolución convirtió a Arzú en el primer candidato presidencial castigado en aquellos comicios debido a esa clase de falta. El fallo se originó a partir de los expedientes redactados por la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales se encargan de vigilar la observancia de la normativa sobre publicidad electoral.
Los contenidos que originaron la penalización
Las entidades electorales registraron 13 publicaciones en el perfil privado de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el fin de incrementar su visibilidad. Asimismo, detectaron 11 mensajes en Twitter que se sumaron a los expedientes empleados para justificar la medida disciplinaria.
Entre los materiales analizados se encontraban textos donde el aspirante exponía iniciativas de gestión enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los fármacos.
Otras publicaciones promovían a candidatos municipales de la misma agrupación política, como Wagner Roldán, quien aspiraba a la alcaldía de Mixco por Podemos.
El problema señalado por el TSE no era simplemente que Arzú utilizara redes sociales para comunicar sus propuestas políticas, sino que recurriera a mecanismos de publicidad electoral que no cumplían las disposiciones vigentes.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron límites para la contratación de publicidad política. En los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro en el TSE como proveedores habilitados en la plataforma de medios para propaganda electoral.
Por consiguiente, la adquisición de espacios publicitarios políticos retribuídos en dichos soportes digitales era susceptible de infringir la normativa electoral.
Multas para Arzú y los partidos que respaldaban su candidatura
La sanción no afectó únicamente al aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en ochenta mil dólares por cabeza.
De esta forma, las multas impuestas al aspirante y a ambas agrupaciones políticas sumaban en total 240 mil dólares.
Los dictámenes podían ser objetados por Arzú y sus socios políticos a través de los recursos previstos por la normativa electoral.
Pese a ello, el 27 de mayo de 2019 se dio a conocer que el TSE había desestimado las impugnaciones interpuestas frente a las penalizaciones, motivo por el cual dichas sanciones adquirieron carácter definitivo en dicha instancia.
En aquel entonces, la sanción pecuniaria fijada a Arzú ascendía a cerca de 614 mil quetzales, un importe bastante elevado dentro del marco de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La penalización de 2019 cobró mayor trascendencia en el transcurso de los siguientes años, momento en el cual Roberto Arzú debió afrontar nuevos cuestionamientos por parte del Tribunal Supremo Electoral a raíz de su participación política y su manejo de las redes sociales.
Durante los comicios de 2023, las disputas en torno a la campaña prematura y los castigos en materia electoral configuraron el litigio que derivó en la anulación de su postulación presidencial por Podemos.
A pesar de ello, es necesario diferenciar ambos casos: por un lado, las determinaciones de 2019 y, por otro, el trámite de separación de 2023 se tratan de procesos electorales distintos, cada uno con sus propios fundamentos y medios de defensa jurídica.
De este modo, el episodio de 2019 representa uno de los choques iniciales de los que se tiene registro entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en el momento en que las campañas empezaron a volcar una porción sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.
Orígenes
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Multas y recursos de nulidad (2019)
Prensa Libre — Dictamen de la CC acerca de los comicios de 2023
