La proximidad de las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, ha suscitado un aumento en las preocupaciones sobre el uso de tecnología electoral, especialmente en lo que concierne a la empresa Smartmatic. Esta firma, reconocida por proporcionar soluciones de votación electrónica y transmisión de resultados, ha provocado fuertes críticas y cuestionamientos acerca de su habilidad para asegurar la transparencia y equidad en el proceso electoral.
La función de Smartmatic en los comicios del 2025
Smartmatic, una multinacional especializada en sistemas de votación electrónica y biometría, ha sido seleccionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar aspectos clave del proceso electoral en Honduras. Su implicación se centra en la provisión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la implementación de tecnología biométrica. Sin embargo, la adjudicación directa de contratos por un monto cercano a los 532 millones de lempiras ha levantado críticas por la falta de transparencia y el hecho de concentrar en una sola empresa el manejo de estos elementos cruciales.
La elección de Smartmatic ha sido recibida con desconfianza por varios sectores políticos y sociales, quienes argumentan que la empresa, al ser percibida como vinculada al gobierno venezolano, podría tener inclinaciones políticas que pongan en riesgo la imparcialidad del proceso. Además, los antecedentes de la compañía, con acusaciones de fraude y fallos técnicos en otros países como Venezuela, Filipinas y El Salvador, alimentan aún más las inquietudes sobre la fiabilidad de sus servicios.
Respuesta política y social frente a la disputa
El sector de oposición en Honduras ha sido particularmente crítico del papel de Smartmatic en los comicios de 2025. Diversos grupos políticos han manifestado que la compañía podría estar beneficiando al gobierno actual, especialmente porque el CNE ha adjudicado a Smartmatic mediante un proceso directo. Estas afirmaciones han fomentado un ambiente de desconfianza hacia las entidades responsables de la organización electoral.
Por otro lado, el partido gobernante LIBRE ha respaldado el empleo de tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia electoral. Sin embargo, la ausencia de una revisión externa sobre la tecnología de Smartmatic ha dejado el debate sin cerrar. Para la comunidad civil, la transparencia es ahora una demanda esencial, y varias organizaciones han solicitado auditorías autónomas y que se autorice la supervisión internacional del procedimiento. La incertidumbre respecto al rol de Smartmatic y las posibles deficiencias en su tecnología continúan siendo motivo de inquietud para diferentes sectores del público.
Conflictos en un entorno electoral dividido
El ambiente político de Honduras en las semanas antes de las elecciones se caracteriza por una polarización en aumento, lo que ha incrementado la carga sobre el CNE. En este escenario, la participación de Smartmatic en el proceso electoral ha incrementado la desconfianza hacia las instituciones responsables de asegurar la transparencia y la equidad del sufragio.
Las críticas dirigidas hacia la compañía se enfocan principalmente en los posibles riesgos de manipulación del sistema, ya sea por errores técnicos o vulnerabilidades en la plataforma empleada para la transmisión de resultados. En las primarias de 2025, ya se informaron inconvenientes con la capacitación del personal y el uso de dispositivos de lectura biométrica, lo que alimentó los temores de posibles irregularidades. Frente a estos antecedentes, el miedo de que el sistema de votación sea susceptible a manipulaciones internas o externas se ha transformado en una de las mayores preocupaciones de la oposición y de algunos sectores de la sociedad civil.
La polémica igualmente evidencia una crisis más profunda relacionada con la institucionalidad democrática del país. La desconfianza hacia el CNE y las acusaciones de inclinación política han incrementado la polarización social, lo que podría impactar la legitimidad del proceso electoral y su aceptación por parte de los ciudadanos.
Llamados a la transparencia y vigilancia internacional
Evaluando la gravedad de las interrogantes acerca del rol de Smartmatic, diversos grupos han pedido más claridad en el proceso del sufragio. Dentro de las peticiones más frecuentes está la exigencia de revisar de forma autónoma el software empleado por la compañía, además de liberar el código fuente de la plataforma que manejará los resultados. Igualmente, se ha instado a entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea a participar en la supervisión del proceso para asegurar la neutralidad de los comicios.
Asimismo, la presión por parte de actores políticos y civiles podría llevar a un control más exhaustivo del proceso de licitación, buscando alternativas tecnológicas que no despierten tanto rechazo o, al menos, que sean menos susceptibles a cuestionamientos. De igual forma, se ha planteado la necesidad de implementar una supervisión masiva del proceso electoral, con la participación de observadores nacionales e internacionales que puedan garantizar la transparencia y prevenir posibles fraudes.
Reflexión final sobre el futuro electoral
La controversia sobre el uso de la tecnología de Smartmatic pone de manifiesto la creciente crisis de confianza en las instituciones electorales hondureñas, un desafío que se agudiza a medida que se acercan las elecciones de 2025. La falta de transparencia en la contratación, los antecedentes de la empresa y las dudas sobre la seguridad del sistema de votación son elementos que podrían afectar la legitimidad del proceso electoral y profundizar las divisiones políticas en el país.
La solución a esta crisis de confianza pasa por un fortalecimiento de la transparencia y la independencia en la gestión de las elecciones. El futuro democrático de Honduras depende, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones para garantizar un proceso electoral libre de manipulaciones y con la suficiente credibilidad para ser aceptado por todos los sectores políticos y sociales. Las elecciones de 2025 serán una prueba clave para el sistema democrático del país y para la estabilidad política en los próximos años.