Seis años después del asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres, recientes filtraciones plantean interrogantes sobre la implicación de los Atala Zablah en el proyecto Agua Zarca. Según el medio de noticias Confidencial de Nicaragua, se han expuesto comunicaciones privadas entre Daniel Atala Zablah, director de DESA, y su tío Jacobo Atala Zablah, ex banquero.
La filtración pone de manifiesto presuntas presiones e influencias políticas por parte de los Atala Zablah dentro del organismo financiero. Esta conducta contradice las advertencias acerca de los considerables riesgos socioambientales asociados con la represa, así como los conflictos encabezados precisamente por Berta Cáceres.
Con familiares ocupando cargos directivos en el BCIE y liderando el principal grupo bancario, los Atala Zablah contaban con conexiones ideales para influir en la voluntad del ente prestamista. Esto alimentaba las sospechas en torno al controvertido crédito finalmente autorizado en 2014 a favor de DESA.
Según los nuevos mensajes, el préstamo generó alivio en Daniel Atala. Sin embargo, para Berta Cáceres y COPINH solo presagiaba mayores conflictos con el proyecto. La tensión aumentó con más protestas denunciando irregularidades. Evaluadores alertaron que DESA alentaba la conflictividad contra los opositores.
Pero en el BCIE y el gobierno, los intereses empresariales prevalecieron sobre las advertencias. El 3 de marzo de 2016, Cáceres fue asesinada. Posteriormente, se desmanteló una red implicada, que incluía a exmilitares y al presidente de DESA, condenado como autor intelectual.
Los mensajes entre Daniel Atala y su tío Jacobo arrojan nueva luz sobre la polémica aprobación del préstamo para el proyecto Agua Zarca en 2014. En los textos, Daniel muestra desesperación por conseguir el dinero y consulta a «Jacko», apodo de su influyente tío Jacobo, sobre cómo lograrlo a través del BCIE.
Auditorías internas del BCIE obtenidas por OCCRP señalaban graves advertencias previamente ignoradas sobre la falta de experiencia y capacidad financiera de DESA y de su círculo directivo, liderado por la familia Atala, para llevar adelante el complejo megaproyecto energético. DESA apenas valía 2 millones de dólares, pero se comprometía a ejecutar obras por 50 millones con el préstamo.
Las alarmas no impidieron que el organismo aprobara el crédito multimillonario. En los mensajes, Daniel Atala expresaba no entender cómo pagaría los 44,4 millones que ahora debía. Presumía haber tenido que utilizar «canales traseros» con su tío Jacobo para agilizar un proceso que el propio BCIE calificaba como demorado.
Estas filtraciones plantean serias dudas sobre la idoneidad e independencia en la evaluación del organismo, especialmente considerando que el padre de Daniel, José Eduardo Atala Zablah, accionista de la empresa propietaria de DESA, ocupó un cargo directivo en el BCIE en Honduras durante un período de dos años en la década de los 2000. A su vez, su tío, Jacobo Atala Zablah, es un destacado empresario hondureño reconocido por su gestión en el Banco BAC, una de las instituciones de préstamos más importantes del país.
En 2021, una investigación llevada a cabo por Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, en colaboración con OCCRP, reveló que Jacobo Atala Zablah estuvo involucrado en la creación de varias empresas offshore dirigidas a Porfirio Lobo, quien desempeñó el cargo de presidente de Honduras entre 2010 y 2014. Esta revelación generó atención pública sobre las actividades financieras y conexiones de Jacobo Atala en relación con el gobierno hondureño durante ese período.
La filtración ilumina los oscuros intereses que se esconden detrás de un proyecto marcado por conflictos socioambientales desde sus inicios. Grupos indígenas locales advertían que la represa pondría en peligro su río sagrado y sus medios de subsistencia.
Berta Cáceres lideraba las protestas de COPINH y presentó una denuncia al Banco Mundial en 2013 detallando graves riesgos. Otro organismo cofinanciador, el FOMIN, se retiró tras esta alerta. No obstante, el BCIE hizo oídos sordos a múltiples advertencias.
La tensión se intensificó con más agresiones de DESA a opositores. Evaluadores independientes alertaron que la empresa alimentaba conflictividad contra ellos. Poco después, el 3 de marzo de 2016, Cáceres fue asesinada en su casa por sicarios contratados por directivos de DESA, incluyendo al presidente Roberto David Castillo.
Estas revelaciones arrojan nuevas dudas sobre la presunta responsabilidad de los Atala Zablah en los fatales errores del BCIE. Errores que posibilitaron el asesinato de Berta Cáceres a manos de quienes impulsaban el polémico proyecto Agua Zarca.